El estudio, que encuestó a las mismas personas en 2019, 2024 y 2026, muestra que hoy la mitad de los consultados califica el estallido como innecesario. Al mismo tiempo, la valoración de las protestas como manifestación válida repunta de 38% a 49%, aunque el rechazo a la violencia se mantiene alto.
A siete años del estallido social del 18 de octubre de 2019, la evaluación ciudadana sobre sus efectos se ha vuelto más crítica. Según la nueva medición de Panel Ciudadano UDD, el 64% de los encuestados considera que el episodio fue más bien negativo para el país, siete puntos más que en octubre de 2024, cuando esa opinión alcanzaba el 57%.
El estudio tiene un rasgo poco habitual en las encuestas de opinión: siguió a las mismas 978 personas en octubre de 2019, octubre de 2024 y octubre de 2026. Esto permite observar cómo han cambiado las opiniones de un mismo grupo de chilenos frente a uno de los hechos políticos y sociales más relevantes de las últimas décadas, y no solo comparar fotografías de muestras distintas.
Uno de los giros más marcados se da al preguntar si el estallido fue necesario. En una escala de 0 a 10, quienes lo consideran necesario bajaron de 46% en 2024 a 31% en 2026, mientras que quienes lo estiman innecesario subieron de 36% a 52%. Un 17% se ubica en una posición intermedia. En solo dos años, la balanza pasó de inclinarse hacia la necesidad del estallido a una mayoría que hoy piensa lo contrario.
La medición, sin embargo, también registra un matiz. Al consultar cómo calificarían hoy las protestas del 18 de octubre, el 49% las define como una manifestación válida y el 51% como vandalismo. Se trata de una recuperación de once puntos respecto de 2024, cuando la valoración positiva había caído a 38%, aunque sigue por debajo del 64% registrado en octubre de 2019.
Ese repunte no se extiende a la violencia. El 89% considera ilegítimo destruir bienes de uso público como forma de protesta, frente al 73% que pensaba lo mismo en 2019, y el 77% rechaza cubrirse el rostro con capucha para participar en manifestaciones, cifra que en diciembre de 2019 era de 58%. Asimismo, el 80% está en desacuerdo con la idea de que los cambios de verdad se generan a través de la violencia, y el 70% sostiene que el gobierno no debe ceder ante manifestaciones violentas, en contraste con el 36% que opinaba así en octubre de 2019. En la mayoría de estos indicadores, los niveles de 2026 son similares a los de 2024, lo que muestra que la mayor legitimidad atribuida a la protesta no arrastra una mayor tolerancia hacia la violencia.
El estudio también revela una inversión en la mirada sobre la violencia durante las manifestaciones. En octubre de 2019, el 62% consideraba más grave la violencia de Carabineros contra grupos organizados y el 38% la de esos grupos contra la policía. Siete años después, el 49% apunta a la actuación de Carabineros y el 51% a la violencia ejercida contra la institución. En la misma línea, el 71% condena las acciones violentas de manifestantes contra Carabineros, por sobre el 59% registrado en noviembre de 2019.
La encuesta consultó además por la posibilidad de que el Presidente José Antonio Kast conceda indultos a uniformados por hechos ocurridos durante el estallido. El 51% se manifestó en desacuerdo, el 37% de acuerdo y un 12% no sabe.
Respecto de quiénes fueron los principales perjudicados tras el estallido y el intento de renovación constitucional, el 32% responde que todos, el 28% la clase media y el 26% los más pobres, esta última opción con un alza de seis puntos respecto de 2024. En tanto, el 67% no cambiaría el nombre de Plaza Baquedano por Plaza de la Dignidad, frente al 58% que rechazaba ese cambio en 2022.
