El tiempo entre la sospecha y la confirmación de un cáncer de mama puede marcar una diferencia relevante en el pronóstico. Pero el desafío no es solo reducir la espera, sino también ampliar la capacidad de la red de atención. Según un informe del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (CIPS-UDD), durante el segundo trimestre de 2026, las prestaciones en espera por cáncer de mama en el sistema público disminuyeron 20% en comparación al mismo período del año anterior, pasando de 3.329 a 2.666.
La directora ejecutiva del CIPS-UDD, Paula Daza, califica esto como una «buena noticia en general», pero advierte que también es necesario saber en qué etapa del proceso y en qué rango etario se produjo esa disminución. «A mayo del 2026 el 77% de los de los atrasos de las Garantías Explícitas en Salud (GES) están concentrados en la fase diagnóstica, no en tratamiento, y que un tercio de esos atrasos corresponde a mujeres menores de 50 años», detalla, con información que el centro ha recabado vía transparencia. También delinea que si esta reducción se concentró, por ejemplo en la fase de tratamiento, «no tocó significativamente el cuello de botella de diagnóstico».
