Primero fue el expresidente Gabriel Boric. El martes, aprovechó la presentación del libro del exministro de Hacienda, Mario Marcel, para acusar que la reforma de seguridad del gobierno de José Antonio Kast «es una limitación de libertades inédita en la democracia chilena”. Ayer, fue el turno de la exministra vocera de Boric, Camila Vallejo, quien en conversación con el programa Descabelladas, de la U. de Chile, lanzó que el Ejecutivo busca «vender seguridad a cambio de quitarle libertades al ciudadano de a pie», buscando «introducir una especie de régimen autoritario».

La arremetida comunicacional de las exautoridades -pese a que Boric aseguró al terminar su mandato que no comentaría contingencia- es una apuesta arriesgada a juicio de expertos en opinión pública, pero podría encontrar un espacio de eco en la ciudadanía.

Según la encuesta Cadem dada a conocer ayer, 50% de los consultados está de acuerdo con ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado. Del total, 45% piensa que se debe buscar un equilibrio entre seguridad y libertad, mientras que 35% considera que en la situación actual del país es necesario priorizar la seguridad, aunque eso implique restringir algunas libertades personales.

De todos modos, 51% de los entrevistados cree que no era necesario una reforma constitucional para ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado; 43% cree que sí. Y 54% apoya el nuevo estado de excepción focalizado en barrios. Sin embargo, 58% no está de acuerdo con la opción de que el Presidente pueda decretar estado de excepción hasta por 240 días sin pedir autorización al Congreso. Si pasara por el Parlamento, el escenario cambiaría y 52% lo apoyaría. En cuanto al detalle, 46% no está de acuerdo con interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones; 54% tampoco apoya restringir la libertad de tránsito y 54% no respalda limitar la libertad de reunión.

(…) Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, considera que la apuesta del clan Boric por instalar un discurso de autoritarismo es arriesgada en un contexto donde el temor más relevante y concreto sigue siendo la delincuencia. «La ciudadanía está bastante informada (…) Hay un riesgo para la izquierda en confundir el concepto de demanda por controles democráticos, con una defensa del status quo en seguridad. Si el Presidente Boric exagera en una tesis autoritaria, va a terminar apareciendo nuevamente más preocupado de limitar a las herramientas que puede entregar el Estado», dice.

De igual manera, Arellano estima que el gobierno también debe hacer un esfuerzo mayor por interpretar correctamente el mandato ciudadano para «ser más duro en seguridad, pero no necesariamente en concentración de poder».