La división entre las dos almas del gobierno —Republicanos-Libertarios versus Chile Vamos— es lo que dejó en evidencia el rechazo de la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Y con ello, el riesgo del Gobierno de no controlar la agenda anunciada por el Presidente José Antonio Kast el 1 de junio. Se dejó de hablar de Reconstrucción y Seguridad y el tema fue el exministro de Gabriel Boric.
Así lo ven analistas políticos de distintas sensibilidades consultados en torno a las consecuencias del hecho político que marcó las últimas dos semanas.
La presentación de la AC contra Grau, por parte de Republicanos y Libertarios, generó una amplia discusión entre los partidos de derecha e, incluso dentro de colectividades como RN, donde el jefe de bancada Diego Schalper encabezó el rechazo y articuló un proyecto transversal para subir los requisitos a dichas acusaciones. A pesar de que su postura perdió en la votación de la Cámara, el Senado reivindicó su tesis.
Ahí la presidenta del partido, Andrea Balladares, y la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (también RN) encabezaron la negativa a castigar al exministro de Hacienda. Un detalle que no pasó inadvertido fue la postura de los republicanos Rodolfo Carter y Cristián Vial, que votaron en contra dos capítulos de la AC.
En el lado contrario, en tanto, quien encabezó la ofensiva contra Grau y el derecho de acusarlo fue el republicano Agustín Romero, quien no dudó en emplazar varias veces a sus socios del oficialismo.
(…) El director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, Gonzalo Müller, pone el acento en que “el gobierno había comenzado a hablar de crecimiento, de seguridad, de reconstrucción, y la AC contra Grau volvió a instalar la discusión sobre las divisiones al interior de la derecha. Ese es el verdadero costo político de esta derrota».
