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Investigador de Gobierno UDD expone diagnóstico sobre reforma al sistema político chileno en Comisión de Cámara de Diputados

El académico Yamil Tala presentó evidencia comparada y un análisis histórico sobre los desafíos del sistema político chileno, en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca fortalecer la gobernabilidad y la representatividad.

El pasado lunes 26 de enero, el investigador y profesor de la Facultad de Gobierno UDD, Yamil Tala, presentó en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, en una sesión destinada a continuar la discusión en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político chileno.

Durante su intervención, titulada “Reforma al sistema político chileno: diagnóstico, desafíos y oportunidades institucionales”, el académico expuso un análisis de largo plazo sobre la evolución del sistema político nacional, subrayando que los problemas actuales no son recientes, sino el resultado de transformaciones acumuladas durante décadas.

“Esta no es una discusión que parta hoy día. Podemos remontarnos incluso a la reforma electoral de 1874, y más recientemente a los cambios al sistema de votaciones del año 2021. Hay un consenso bastante transversal en que existe un problema en el sistema político”, señaló Tala ante las diputadas y diputados presentes.

El investigador advirtió que uno de los principales factores que tensiona la gobernabilidad es el aumento sostenido en la fragmentación partidaria. Según expuso, en los últimos 20 años el número de partidos en competencia ha crecido en un 71,4%, pasando de 15 partidos en 2005 a 24 en la última elección parlamentaria, mientras que en la Cámara de Diputados se pasó de 7 a 17 partidos con representación. “Un mayor número de partidos no necesariamente implica mayor representatividad. Hoy vemos bancadas más pequeñas y más débiles, lo que vuelve mucho más compleja la construcción de mayorías estables y la tramitación legislativa”, explicó.

Asimismo, Tala destacó que el número efectivo de partidos casi se duplicó en dos décadas, lo que ha incrementado los costos de coordinación política y ha impactado directamente en la capacidad del Congreso para procesar reformas estructurales. “Cada punto adicional de fragmentación implica mayores esfuerzos de coordinación, mayores costos de tramitación y negociaciones más largas, lo que finalmente afecta a la ciudadanía con políticas públicas más lentas y muchas veces más cortoplacistas”, afirmó.

Otro de los fenómenos abordados fue el aumento de la desafección ciudadana, reflejada en el crecimiento de los votos nulos y blancos. El académico indicó que estos pasaron de un 7,7% en 2005 a más de un 17% en las últimas elecciones parlamentarias, alcanzando incluso un 21,3% en comicios locales.

En relación con el contenido del proyecto de ley, Tala valoró el avance que supone introducir incentivos institucionales para ordenar el sistema político, aunque advirtió que las medidas aún resultan insuficientes.

“Este proyecto es un avance importante porque aborda incentivos institucionales que han contribuido a la fragmentación. Sin embargo, todavía quedan aspectos por corregir si queremos equilibrar adecuadamente representatividad, gobernabilidad y legitimidad democrática”, sostuvo.

El investigador también se refirió al debate sobre umbrales electorales, señalando que se trata de una herramienta ampliamente utilizada en sistemas proporcionales a nivel comparado. “El umbral electoral no es una idea nueva ni busca restringir la competencia. Es un mecanismo presente en varios países de América del Sur y Europa que permite ordenar el sistema político y fomentar consensos más amplios”, explicó.

Finalmente, Tala enfatizó la necesidad de avanzar con criterios de gradualidad y reglas claras para la creación y permanencia de partidos, advirtiendo que, de mantenerse la tendencia actual, la fragmentación podría convertirse en un obstáculo estructural para el funcionamiento democrático. “Si esta fragmentación sigue creciendo, el riesgo es llegar a escenarios donde los gobiernos no logren tramitar reformas relevantes durante todo su período. Por eso, esta discusión abre una oportunidad clave para perfeccionar el diseño institucional”, concluyó.

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