Esta semana se ha puesto en evidencia dicha necesidad de reforma en relación a las noticias que todos hemos conocido por el mal uso de licencias médicas. Casi 450 licencias médicas de 250 profesionales de la salud que, aprovecharon sus días de reposo para asistir en 710 partos y llenar sus propias arcas.
Más de 11.800 millones de pesos se pagaron en licencias médicas fraudulentas de personas que aprovecharon de viajar en su “derecho legal de reposo médico”. Eso se transforma en la construcción de un Cesfam pequeño para una comuna que no tenga. O, incluso, con ese dinero se podrían haber resuelto más de 6.800 cirugías hoy existentes en la lista de espera. Mientras unos pocos viajaban estando de licencia, miles continuaron en la lista de espera.
Una reforma urgente
En medio del debate estructural, una idea esencial parece diluirse: la salud no puede entenderse sin el protagonismo de las personas. ¿Y por qué? Porque ya no podemos seguir permitiendo que el mal uso de los recursos por parte de unos pocos termina perjudicando a miles.
Por tanto, las personas no solo deben ser beneficiarias de las políticas públicas, sino que también sujetos activos de decisiones, con voz, con derechos y con capacidad real para tomar las propias decisiones. Basta de la llamada en espera.
Empoderar a las personas en su salud no es una consigna retórica. Es un cambio de paradigma. Significa reconocer que cada individuo debe contar con información clara, opciones accesibles y condiciones que le permitan tomar decisiones responsables, ajustadas a su historia, su cultura y sus preferencias. Empoderar significa también pasar de una medicina centrada en instituciones, a una salud que acompaña y se adapta a las personas a lo largo de su vida.
Este giro, necesario y urgente, requiere un ecosistema diverso, donde la innovación, la competencia regulada y la colaboración entre actores públicos y privados no sean vistas como amenazas, sino como condiciones necesarias para responder a un sistema de salud cada vez más complejo.
Los países que han avanzado en esta línea —como Países Bajos, Suiza o Alemania— no han debilitado el rol del Estado. Lo han reconfigurado: como garante de acceso universal, regulador de calidad, articulador de una gestión eficiente y promotor de equidad, sin excluir a quienes pueden aportar desde la capacidad privada con eficiencia, flexibilidad e innovación.
En estos modelos, el sector privado no es sinónimo de segmentación, sino de complementariedad, cuando opera bajo reglas claras, y mecanismos solidarios de financiamiento. La clave está en diseñar sistemas mixtos, donde el interés público oriente las decisiones, pero donde las personas puedan ejercer su autonomía.
¿Por qué es clave avanzar hacia el empoderamiento ciudadano en salud?
Chile tiene una oportunidad: construir un modelo sanitario donde la diversidad de prestadores y aseguradores conviva con garantías explícitas, información transparente y fiscalización efectiva, al servicio de un solo objetivo: que cada persona acceda, decida y confíe.
El desafío es de gobernanza, pero también de mirada. Se trata de confiar más en las capacidades ciudadanas, de asumir que un sistema justo no es aquel que uniforma, sino aquel que empodera sin abandonar a nadie. Donde la libertad y la solidaridad no se excluyen, sino que se equilibran.
Para que esto funcione también se requiere que el sistema de licencias se regule de forma urgente, sin rodeos y con mano dura. No solo para acabar con estas malas prácticas, sino también para asegurar dinero para la resolutividad de problemas reales de salud.
En tiempos en que se habla tanto de “modernizar el sistema de salud”, vale la pena recordar que lo verdaderamente moderno es poner a las personas primero: con datos, con derechos y con decisiones que les pertenezcan.
Esa es la verdadera esencia del empoderamiento en salud.
