418 son los titulares de pensiones de gracia por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido, de las cuales 41 presentarían antecedentes penales. Por otro lado, son seis los ministros de Estado en la mira de Contraloría luego de sus reuniones no registradas en el portal de Lobby. Luego de que el Ejecutivo diera un giro drástico en ambas materias, analistas políticos opinan respecto de los alcances y costos que podría tener para su administración. El Presidente Gabriel Boric no ha tenido semanas fáciles.
En tan solo cuestión de pocos días ha tenido que hacer uso de la facultad de revocación administrativa para suprimir las pensiones de gracia otorgadas a beneficiarios que hayan sido condenados. También tuvo que hacer un llamado a seis de sus ministros para que revisaran si debían o no ingresar las reuniones en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett por ley de lobby, luego de haber insistido en un principio que que no se trataba de lobby.
Ante estos giros del Mandatario, el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales opinó que en el Gobierno “nos tienen muy acostumbrados a señalar o reiterar cambios que son muy rápidos e inesperados, contrastando con la agenda que en su minuto tuvo el Frente Amplio”, comentó. Respecto de los costos que podría tener para el Ejecutivo, Morales señaló que “lo que puede dañar la imagen presidencial son dos cuestiones: la credibilidad del gobierno antes de hacer una declaración y la confianza que la oposición le entrega al gobierno cuando asiste a discutir proyectos de ley”, afirmó.
El exdiputado y analista político Pepe Auth, defendió el giro del Presidente Boric. “Yo soy de los que aplaude la capacidad de enmendar los errores de apreciación y valoro cuando el Mandatario opta por sintonizar con el sentido común”, argumentó.
El analista político y decano de la Facultad de Gobierno UDD, Eugenio Guzmán, dijo que “hay un Gobierno que tiene escasas convicciones y que las convicciones que tuvo, se están derrumbando como un castillo de naipes”. Sin embargo, Guzmán argumenta que probablemente actitudes como su postura ante el lobby “no tengan un efecto importante en ese 30% que lo apoya”.
Para Guzmán estos “retrocesos tácticos están muy lejanos a la visión de convicciones de la izquierda que siempre ha intentado estar en una posición moral de superioridad frente a la contigencia”.
La nueva postura del Presidente Boric respecto de las pensiones de gracia preocupó a algunos parlamentarios de la bancada comunista. La diputada Nathalie Castillo (PC) no cree que “la vía administrativa sea la solución”. Para su par, Lorena Pizarro “la agresión de estos agentes, no tiene que ver con si esta persona tenía antecedentes penales”, argumentó.