Las ministras de Ciencia, Aisén Etcheverry, y de la Segegob, Camila Vallejo (PC), concurrieron ayer a la comisión de Cultura de la Cámara para explicar los alcances de la Comisión contra la Desinformación, creada por el Gobierno vía decreto.

En su presentación, la ministra vocera de La Moneda expuso que “lo que nosotros queremos hacer es que haya un equipo de expertos que nos ayude también a hacernos las preguntas y quizá también orientar las respuestas, porque esto es un tema bien controversial y lo que no queremos hacer nosotros es pedirle un informe solo a un asesor de gobierno o gabinete sobre esto para poder llegar a una discusión al Congreso”.

Vallejo explicó también lo que debería ser la comisión: “No va a proponer proyectos de ley; no es una atribución de una comisión asesora y tampoco se le ha dado esa misión. La comisión tampoco va a realizar actividades de revisión de redes sociales ni va a emitir opiniones respecto de contenidos de redes sociales. Tampoco va a definir lo que es o no es verdad, no está mandatada para eso, no es la función de la comisión asesora, a propósito de que se había señalado que esta instancia sería como un Ministerio de la Verdad”.

Sobre el funcionamiento de la instancia, la ministra Etcheverry añadió que “esta comisión, al igual que otras comisiones expertas, tiene altos estándares de transparencia; los acuerdos, las actas y todos los productos que salgan de la comisión son públicos, se disponibilizan y se publican en la página web”.

Encuesta

El anuncio de la Comisión contra la Desinformación también se abordó en una nueva versión de la encuesta Panel Ciudadano-UDD, que consultó vía WhatsApp y SMS a 1.200 personas —con una tasa de respuesta del 84%, es decir, 1.007 casos en total— de la R. Metropolitana, entre las 18:00 del 3 de julio y las 14:00 del 4 del mismo mes. La metodología consideró 95% de confianza y un 2,38% de margen de error, con una selección de viviendas realizada a partir de un muestreo aleatorio simple.

En el estudio se preguntó a los encuestados por su percepción sobre la instancia creada por el Gobierno, y el 53% respondió que creen que “es una manera de controlar la información que reciben los chilenos”, mientras que un 32% contestó que “se trata de un genuino interés del Gobierno de que los chilenos conozcamos la verdad de las noticias”.

En tanto, el 15% aseguró que “no sabe”. Asimismo, al preguntar por qué prefieren los consultados “en relación a la información”, el 82% optó por “informarse y determinar usted mismo lo que es verdadero y lo que es falso”, contra un 18% que eligió “que una comisión nombrada por el Gobierno indique lo que es verdadero y lo que es falso”.

En cuanto a las noticias falsas que tienen que ver con política y que circulan en redes sociales, el 69% de los encuestados afirmó que “es una práctica política utilizada tanto por sectores del Gobierno como de oposición”.

Un 21%, en cambio, consideró que son “principalmente preparadas por personas de derecha para atacar al Gobierno” y un 10% contestó que son “principalmente preparadas por personas de izquierda para desacreditar a la oposición”.