De acuerdo con los especialistas, el país se ha convertido en “terreno fértil” para el crimen organizado, que ha reflejado sus efectos en las estadísticas delictuales. Un estudio publicado por Libertad y Desarrollo (LyD) indicó que todas las categorías de delitos, a excepción de las violaciones, experimentaron un alza durante el primer semestre del presente año, en comparación al mismo periodo del 2022.

Además, el documento asegura que el total de delitos de mayor connotación social aumentó en un 10%.

El reporte indica que se repiten tendencias similares a las observadas en informes anteriores.Según se señala en el estudio, los homicidios vuelven a alcanzar un nuevo máximo histórico (419) para el periodo analizado (desde 2017), datos que se suman a la lista de antecedentes “que sostienen que Chile enfrenta un fenómeno particular respecto a este delito y que, además, este fenómeno obedece a la expansión del crimen organizado.

Una tesis que aparentemente es compartida por el Gobierno, según se desprende de los resultados del reciente Informe Nacional de Homicidios Consumados, publicado por la Subsecretaría de Prevención del Delito junto a otras instituciones”, se lee en el documento. En la siguiente tabla, se puede ver el detalle de los delitos por categoría y su variación: El docente investigador de la Facultad de Gobierno UDD, Hugo Contreras, señala, que los registros del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) aseguran que las tasas de casos policiales para 2022 muestran que los homicidios aumentaron un 34,4% respecto de 2021, el robo con violencia o intimidación lo hizo en un 64,3%, el robo por sorpresa en un 62,4%, las lesiones (leves, menos graves y graves) un 25,9%, y el porte de armas un 53,4%.Contreras asevera que, si se compara el primer trimestre de 2023 con igual periodo de 2022 (para 2023 solo están los datos del primer trimestre), los delitos de mayor connotación social han aumentado en 15,5%.

De estos, argumenta que los homicidios se han mantenido (no presentan variación), el robo con violencia o intimidación aumentó en un 20%, el robo por sorpresa en un 27,7%, y las lesiones en un 9,5%. Sin ser un delito de mayor connotación social, el porte de armas aumentó en un 38,3%.“Chile se ha transformado en terreno fértil para el crimen organizado y estamos viendo sus efectos en términos de delitos.

La población por su parte tiene un juicio categórico respecto a esta crisis y sigue demandando mayor atención por parte de las autoridades hacia la seguridad”, expresa Daniel Rebolledo, investigador de Libertad y Desarrollo (LyD). Factores asociados al aumento y el impacto de estos delitos Hugo Contreras explica que el fenómeno delictivo es multidimensional, y argumenta que su aumento podría deberse a factores administrativos (gubernamentales, policiales o judiciales), así como territoriales o del entorno propicio para la ocurrencia de un delito.

A modo de ejemplo, el experto señala que políticas poco estrictas, reactivas y no preventivas, la falta de recursos, o condenas poco efectivas, así como el actual abandono y descuido de espacios públicos, incluso, el comercio ambulante (que corresponden a incivilidades), se presentarían como lugares propicios para la ocurrencia de algún delito. De acuerdo con el académico, otro factor que podría estar relacionado al aumento de la delincuencia es su relación con el crimen organizado, fenómeno delictivo que hace algunos años no se observaba en el país.

El especialista destaca que este modelo delictual se establece en Chile con nuevos delitos (secuestro, sicariato) o nuevas formas de ejecutar los ya existentes (por ejemplo, un homicidio por acribillamiento).“El impacto se genera en el miedo e inseguridad percibida por la población.

La delincuencia genera efectos psicológicos, de percepción y conductuales en la población, sean víctimas o no, afectando negativamente su calidad de vida, modificando el comportamiento y posiblemente restringiendo actividades cotidianas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la percepción de inseguridad alcanzó un nivel histórico de 86,9% para el año 2021, con un incremento de 2,6% respecto de 2020”, afirma el docente investigador de la Facultad de Gobierno UDD. Lo que se puede proyectar Daniel Rebolledo prevé que, si no se toman acciones concretas, este es un conflicto que tiene todos los elementos para seguir escalando.

Ante esto, el investigador critica la gestión del Gobierno en relación con la baja ejecución del gasto destinado a los programas de seguridad. En ese sentido, el experto indica que la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, y especialmente su significativa inyección de recursos, fue una iniciativa bien recibida por el mundo político cuando se discutió el año pasado.

Sin embargo, sostiene que los bajos niveles de ejecución del gasto, que llegan al 12% a mayo del 2023, plantean dudas sobre la capacidad de gestión y el real compromiso del Ejecutivo frente a esta crisis. Hugo Contreras señala que, más allá de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, así como de las distintas gestiones e intervenciones de las policías para combatir la delincuencia, habría que esperar el resultado del Plan Calles sin Violencia, programa ícono del Gobierno para enfrentar este fenómeno. “Dicho plan, lanzado en el mes de abril del presente año, lleva tres meses de implementación.

Si bien a la fecha muestra resultados operativos como un aumento de los controles preventivos y de las detenciones, ya sean por robo u órdenes judiciales vigentes, así como un aumento en la incautación de armas y droga, habría que esperar un resultado en la delincuencia misma, con una reducción en las tasas delictuales y en la victimización, así como en el miedo e inseguridad percibida por la población”, agrega el docente investigador de la UDD.

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