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Académico de la Facultad de Gobierno participa en Comisión Experta del Proceso Constitucional

Se trata del académico Miguel Ángel Fernández quien participó en la subcomisión Sistema Político, reforma constitucional y forma de estado en donde presentó sobre sistemas políticos comparados y sus efectos sobre la gobernabilidad democrática

Esta semana el académico de la carrera de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno, Miguel Ángel Fernández, fue invitado como experto a la subcomisión Sistema Político, reforma constitucional y forma de estado del Proceso Constitucional. Fernández es cientista político egresado de la Universidad del Desarrollo quien tiene un doctorado en la Universidad de Boston de políticas comparadas.

En su presentación ante los comisionados realizó un breve diagnóstico del sistema político de Chile en los últimos treinta años en donde mencionó tres problemas que, agregó, “tienen en jaque la gobernabilidad democrática”.  En primer lugar mencionó la fragmentación de partidos, la creciente polarización emocional y los bajos incentivos para la cooperación entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. “Este último, hasta cierto punto, produce una parálisis en el proceso de formación de la ley que genera un efecto muy nocivo para la salud democrática; genera que los ciudadanos pierdan la esperanza y que el sistema político pierda legitimidad. No es al azar que tengamos baja confianza en las instituciones; que la militancia a partidos haya caído. Este proceso es una oportunidad única para construir un sistema político que genere la cooperación y los incentivos a la coordinación política para que podamos construir una democracia más sana, participativa, inclusiva y que la fuerza de la legitimidad de la autoridad este muy bien cimentada”, dijo para finalizar su diagnóstico.

Posteriormente enumeró siete aproximaciones para solucionar estos problemas. Para reducir fragmentación del sistema político y disminuir costos de acuerdo y cooperación la colaboración destacó tres elementos.

El primero es crear incentivos constitucionales que ayuden a disminuir la fragmentación, en donde las elecciones parlamentarias se realizaran después de la segunda vuelta presidencial en intermedios de dos semanas de cada elección.

La segunda idea propuesta es establecer un umbral mínimo de votación nacional para obtener representación parlamentaria, las cuales pueden ser a nivel de partidos o de listas. El académico de la UDD, mencionó que esto traería cuatro beneficios: Mejor forma de reducir fragmentación del sistema político; Permitir que se conjugue formato de mayoría y proporcional, incrementando la rendición de cuentas de parlamentarios; favorece la representación política de bloques significativos mediante la corrección nacional y disminuye las complejidades de información asociadas a sistemas con alto número de candidatos, además de reducir complejidades administrativas del proceso electoral.

La tercera idea es tener un modelo electoral mixto, una reforma al sistema electoral mediante implementación de norma de modelo mixto, el cual requiere incorporar número y dejar a materia de ley distritos, reglas y procedimientos

En cuanto a las propuestas para incrementar la coordinación entre agentes del sistema político y el poder ejecutivo y legislativo, mencionó el Principio de responsabilidad de partidos políticos y sus representantes. Esto habla de declarar el principio de responsabilidad de los partidos políticos y sus representantes, para establecer una línea clara sobre la necesidad de ser un cuerpo cohesionado y que respete los principios democráticos representativos.

Una segunda idea referente a la coordinación del sistema político y poderes es Incentivar la relación entre Presidente de la República y su coalición parlamentaria. Sus beneficios están orientados a la gobernabilidad y producción de leyes ya que Incentiva la interacción entre gobierno de turno y su coalición parlamentaria; disminuye los costos de capital político relacionados a la incorporación de liderazgos parlamentarios al gobierno, (lo que a su vez mejoraría las relaciones entre ambos poderes) y entrega nuevas herramientas al Presidente de la República para oxigenar su administración y dar estabilidad al sistema político en general.

Para incrementar incentivos a la cooperación ejecutivo-legislativo y mantener legitimidad de autoridades cuidando la tradición constitucional del país, mencionó tres propuestas.

La primera es la regulación del número de urgencias en la discusión legislativa. Sus beneficios es que, por un lado, incentiva la cooperación entre legislativo y ejecutivo, relevando el rol de la legislatura y, por el otro, mantiene la atribución del Presidente de intervenir en la agenda legislativa pero también acota su accionar. Esto produce plazos y una agenda de gobierno definida.

La segunda propuesta para este punto, y séptima de toda su presentación, es incentivar la construcción de confianzas entre ejecutivo y legislativo. Esto se puede traducir, por ejemplo, en que la ratificación de embajadores y representantes ante organismos internacionales sea a través del Senado, lo que genera incentivos por parte del ejecutivo a cooperar desde primer día con Congreso, permitiendo construcción de confianzas.

Revisa su presentación completa aquí.