Con los resultados de las últimas elecciones, las encuestas han sido duramente criticadas. Políticos y analistas las acusan de haber reducido su capacidad predictiva y de no estar midiendo correctamente la intención de voto. Todo esto es refutado por los responsables de algunos de los sondeos de opinión con más renombre del último tiempo, que no dudan en apuntar a la ley que prohíbe publicar encuestas 15 días antes de que se realicen las elecciones, como el origen de tales cuestionamientos.
Cuatro representantes de empresas dedicadas a realizar estudios de opinión entregan a El Líbero su versión y plantean las dificultades que han tenido que sortear. Desde Cadem, Criteria, Black & White y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo aseguran que más allá de una posible disminución en la capacidad de predecir, hay factores que dificultan el análisis, comenzando por la Ley 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Esta normativa prohíbe la publicación y divulgación de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales en un plazo de 15 días previos a los comicios.
Con esta restricción, dice el fundador de Criteria Cristián Valdivieso, “intentar predecir algo con tres semanas de anticipación, como exige la ley, no sólo es imposible sino que es irresponsable”.
Hoy los candidatos de Unidad Constituyente Paula Narváez (PS), Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR) sostendrán su primer debate televisivo, en la previa a la consulta ciudadana organizada por el sector y que se llevará a cabo el 21 de agosto. En el caso de las primarias organizadas por los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos, el último de estos foros fue clave en los respaldos que en última instancia recibió Gabriel Boric (CS) por sobre Daniel Jadue. Sin embargo, nada de esto quedó reflejado en los sondeos que se hacen públicos porque todo ocurrió precisamente durante el lapso en el que está prohibido publicar encuestas.
Tratar de hacer un pronóstico y llevarlo a una lógica de votante promedio en un contexto “tan incierto y tan líquido” como el actual, hacen que las últimas tres semanas de campaña sean significativas en materia de toma de decisiones del electorado, afirma el director de Criteria Research.
Para Valdivieso, actualmente la gente no tiene percepciones monolíticas como en el pasado, cuando había claras identificaciones y sintonía con la identidad política, por ejemplo, de la derecha, la izquierda o el centro. “Hoy, al diluirse esas identidades la gente no tiene tan claro qué va a votar. Las decisiones se toman por variables más complejas; por lo tanto eso nos inyecta una dosis constante de incertidumbre hasta el final de la elección”.
A ello se suma una politización de la ciudadanía y un interés mayor en la asistencia a las urnas, “la gente ha empezado a encontrar un espacio de posibilidades de cambio en el acto de votar. En esa lógica, las campañas políticas, las franjas, están teniendo un poco más de injerencia. Esto puede cambiar de una semana a otra de manera muy rápida”, agrega Valdivieso.
La ley que prohíbe la publicación de encuestas durante los 15 días previos a una elección comenzó a regir en 2017, justo para las primarias de ese año, y ya entonces despertó las críticas de los encargados de los sondeos. Fue Roberto Méndez, que para ese momento era el director ejecutivo de Adimark, quien tildó esta normativa como una “ley mordaza”. La regulación fue producto de una indicación del exsenador Andrés Zaldívar (DC) -aprobada por unanimidad- quien modificó la propuesta del Ejecutivo, cuya intención era prohibir este tipo de publicaciones tan solo tres días antes de los sufragios.
Al respecto, el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, subraya que “la ley que prohíbe la publicación por 15 días nos pone dentro de los países más prohibitivos, más exigentes en las restricciones de encuestas electorales, sin tener ningún argumento técnico que lo avale”.
Izikson señala que si bien se prohíbe la publicación de encuestas, se permite que se escriban columnas de opinión, la campaña y la franja televisiva. De igual forma se pueden realizar debates y “otros elementos relevantes en la toma de decisiones de una persona”.
“Se le asignó a las encuestas un rol que no está comprobado que tengan en la estructuración del voto de un individuo. Entonces, se genera por un lado una desinformación gigantesca, que pueden pagar solo quienes tienen acceso a la información y, segundo, hace un daño a la industria de investigación de opinión pública”, añade el gerente de Cadem, que tiene a su cargo la medición Plaza Pública.
La economista y consultora, con más de 25 años de experiencia, Paola Assael, tuvo su desquite inmediatamente después de que se conocieran los resultados de las primarias del 18 de julio. Sebastián Sichel obtuvo un 49% de las preferencias frente al 31% de Joaquín Lavín. En la previa, la dueña de la encuestadora Black & White fue duramente criticada ya que durante meses anticipó este resultado, el cual era puesto en duda debido a su cercanía con el abanderado independiente.
Sobre las dificultades que enfrentan los responsables de las encuestas y la limitación que supone la prohibición de hacer públicas las mediciones en los 15 días previos a la elección, Assael va un paso más allá y apunta a que si bien existe la restricción de divulgar encuestas hay una serie de información disponible y sondeos privados que son difíciles de frenar. “Es muy difícil frenar la información, es difícil que no fluya por las redes sociales, por internet, por la comunicación, en el fondo el boca a boca, el amigo del amigo, etcétera”, subraya.
Para el decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán, a cargo de la encuesta Panel Ciudadano, la normativa es bastante restrictiva. Eso sí, dice, “hay que también reconocer que probablemente algunas encuestas pueden realizarse con afanes políticos o para cambiar ciertas tendencias; pero eso es darle un rol demasiado importante al porcentaje de votantes que sufraga estratégicamente”, enfatiza.
Algunos políticos han sido particularmente duros con las encuestas, como Paula Narváez (PS) y José Antonio Kast (Republicano). Por otro lado, Yasna Provoste (DC) se impulsó de sus buenos resultados en los sondeos para definir su candidatura presidencial. Incluso desde su entorno se pensó en utilizar tales resultados para conseguir que la actual Presidenta del Senado fuese proclamada como la candidata única de Unidad Constituyente. Argumento desechado por los otros partidos de la alianza de centroizquierda, precisamente argumentado la poca fiabilidad de sus resultados.
Sobre este tema Izikson señala que “las encuestas no son para bajar, ni levantar candidaturas. Se trata de un instrumento que te permite gestionar tu posición electoral”. En todo caso, dice, hay que entender que algunas críticas tienen que ver con la puntuación del candidato.
“Si Paula Narváez estuviera ganando no criticaría las encuestas, lo mismo pasa con José Antonio Kast, si estuviera primero en las encuestas no las criticaría. En una elección presidencial donde solo uno puede ganar, solo a uno le gustan las encuestas y los otros solo critican el instrumento”, enfatiza Izikson.
Ante esa discusión, el gerente de Cadem sostiene que los candidatos deberían “preocuparse de lo que están haciendo mal y lo que se puede corregir, pero es más fácil criticar el termómetro”.
Por su parte, Guzmán cuestiona que en cada elección un candidato pone en duda lo que marca en las encuestas, pero enfatiza en que hay que considerar que en el caso de Narváez los sondeos no capturan suficiente su potencial porque la candidata socialista tampoco tiene niveles de conocimiento altos.
“Uno no le puede echar la culpa a las encuestas de marcar bajo. Uno tiene que preocuparse de ciertas características que deben cumplir las encuestas, la forma de reposición, si son probabilísticas o no, el alcance que tienen, etcétera”, asevera el decano de la Facultad de Gobierno de la UDD.
Y añade que, por ejemplo, en el caso de Daniel Jadue “no llegó a donde llegó por las encuestas sino que las encuestas empezaron a capturar lo que había”.
Otro de los elementos mencionados por los encuestadores es la existencia del voto voluntario y la incertidumbre que produce que la respuesta entregada por el entrevistado no termine por concretarse.
La fundadora de Black & White explica que en la actualidad es más complejo hacer las predicciones “dado que el voto es voluntario. Cuando uno entrevista gente, el primer filtro es si la persona va a votar o no va a votar, pero eso es más difícil de prever porque la gente normalmente dice más que va votar de lo que efectivamente vota. Esa es una variable de incertidumbre”.
Otro punto que señala Guzmán tiene que ver con el cambio en la composición de los votantes. “En las últimas semanas de campaña el porcentaje de personas que decide ir a votar obviamente cambia, entonces es un proceso bastante dinámico que afecta las predicciones”, afirma.
Para Izikson, lo realmente determinante es el porcentaje de participación. “Si es que la participación de los chilenos fuera más cercana al 70% o al 80% sería mucho más sencillo. Sería mucho más sencillo si votara mucha más gente”, insiste.
En cambio, Cristián Valdivieso no concuerda, pues dice que con el sufragio obligatorio se mantendría el mismo problema del elector que tiene una menor identificación con la derecha, izquierda y el centro. Explica: “Las campañas, los debates, los actos, las redes sociales, la conversaciones que la gente tiene en un ambiente más politizado hacen que el ciudadano pueda motivarse a ir a votar o incluso cambiar de candidato al último minuto, con voto obligatorio incluso”.
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