Si bien resulta difícil hablar de un deterioro de la calidad legislativa, pues son muchos los factores intervinientes, se puede sostener que es la actividad legislativa la que está sufriendo cambios significativos que han alterado su funcionamiento.
La temática sobre la calidad de la política, y en particular sobre la actividad legislativa, se ha instalado a raíz de los niveles de desconfianza en la política como asimismo de los grados de conflictividad. Así, las temáticas que más frecuentemente sobresalen, además de la confianza, el grado de fragmentación partidista y la polarización, todos factores que se afectan mutuamente, de algún modo también afectan la calidad legislativa de largo plazo.
Un ejemplo muy recurrido es el número de acusaciones constitucionales e interpelaciones ocurridas en el último tiempo. Pero, la verdad sea dicha, en este caso se trata de facultades cuyo ejercicio no solo es legítimo, sino que necesario. Sin embargo, la frecuencia en el uso de estos instrumentos y la duración y cobertura mediática en los últimos dos años, impacta bajo la forma de conflictividad entre el Ejecutivo y el Legislativo, y problemas de coordinación tanto inter como intrabloques.
Ahora bien, ¿nos encontramos frente a un Congreso más polarizado y menos colaborativo a la hora de desarrollar políticas públicas? ¿Es correcto este diagnóstico? ¿Qué dimensiones debiéramos observar? Y, por último, ¿es relevante la cooperación parlamentaria?
Para intentar responder dichas interrogantes, hagamos un repaso de algunos de los indicadores disponibles al respecto, tanto en sus dimensiones públicas como las propias del trabajo legislativo.
Una primera mirada es a las características de los distintos congresos desde el retorno a la democracia. Al respecto, si miramos el promedio de edad, apreciamos que ha habido un paulatino y lento aumento de este, desde 45,6 años en 1990 a 50,2 en 2018. No obstante, si consideramos las diferencias de edad, tomando como punto de corte la edad mínima para ser senador, 35 años, apreciamos que, con la excepción de 1990, fluctuaba entre 8,3% y 11,7% del total de representantes, y actualmente en un 14,8%. Este último porcentaje revela un mayor número de diputados y diputadas con menor experiencia parlamentaria. En efecto, si entre 1994 y 2017 el porcentaje promedio de diputados sin experiencia era 35%, actualmente alcanza el 51%, 15 puntos porcentuales más.
En relación con los niveles de cooperación y “asociatividad”, expresada como el porcentaje de mociones de ley presentadas por congresistas con el apoyo de diputados o diputadas de distintas coaliciones políticas (cooperación intercoalición), observamos que desde el retorno a la democracia se caracterizó por una baja cooperación, lo que se explica porque se trata de un momento fundacional con fuertes incertidumbres; sin embargo, los sucesivos congresos se caracterizaron por una creciente cooperación intercoaliciones. Es así que en el período 2014-2018 fue un 67%; no obstante, este porcentaje disminuyó al 45% en el actual Congreso.
Un tercer aspecto tiene que ver con la estabilidad partidaria, es decir, los cambios en la militancia. Este indicador también expresa la estabilidad de una coalición como, asimismo, los grados de coordinación o divergencia intrapartidista. Al respecto, el actual Congreso exhibe la mayor cantidad de cambios solo superados por el período de transición 1990-1994.
A lo anterior habría que agregar que la confianza de la población hacia el Congreso es la más baja de los últimos 20 años, vale decir, si a principios de los 2000 el 16% de chilenos confiaba en la labor del Congreso, actualmente es un 3%.
Por otra parte, la llegada al Poder Legislativo de nuevos rostros que no necesariamente tienen experiencia legislativa y que, además, provienen de partidos que han obtenido baja representación gracias al cambio de sistema, generan ambientes menos propicios para la cooperación, pero también una menor compresión de la función legislativa.
Finalmente, la disminución de la asociatividad también puede verse afectada por los grados de estabilidad partidaria, vale decir, la renuncia a una coalición o partido nos habla de ciertos niveles de conflictividad que ciertamente afectan la cooperación. Solo pensemos que en los últimos dos años son 20 los cambios o renuncia, solo comparables al período de transición (1990-1994).
Si bien resulta difícil hablar de un deterioro de la calidad legislativa, pues son muchos los factores intervinientes, se puede sostener que es la actividad legislativa la que está sufriendo cambios significativos que han alterado su funcionamiento. En primer lugar, el cambio del sistema electoral, entre otros factores, ha tenido como consecuencia la fragmentación del sistema de partidos y, con esta, menores niveles de cooperación de la labor parlamentaria. Aunque ello no es positivo per se, puede ser un indicador de polarización, toda vez que el deterioro de vínculos y puentes políticos debilita las posibilidades de acuerdo a la hora de formular políticas públicas, más aún en un contexto en que lo que prima es el grupo de origen y no las posibilidades de cruzar puentes.
Entonces, no resulta disparatado asumir que estamos ante un cambio de ciclo en la política chilena, que se está manifestando —ya sea para mejor o para peor—, principalmente desde el Congreso.
La confianza de la población hacia el Congreso es la más baja de los últimos 20 años, vale decir, si a principios de los 2000 el 16% de chilenos confiaba en la labor del Congreso, actualmente es un 3%.
