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Cómo es la gigante estatal china que busca ser el mayor operador en la distribución eléctrica de Chile

Hace poco más de tres años, en septiembre de 2017, tuvo lugar la primera visita formal de una delegación de ejecutivos de la china State Grid Corporation of China (SGCC) al país. La agenda fue intensa, pues en los cuatro días que estuvieron en Santiago, los cuatro ejecutivos que la integraban sostuvieron más de una docena de encuentros con autoridades, como el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo; también se reunieron con organismos del sistema eléctrico y con empresas.

El grupo llegó a Santiago proveniente de Brasil, país al que la estatal entró en 2010, llegando a convertirse en el segundo actor del negocio de transmisión eléctrica, con más de 15 mil kilómetros de tendidos. “State Grid es la empresa estatal de electricidad de China y la compañía de servicios públicos de energía más grande del mundo”, reza la solicitud de audiencia de la firma que figura en los registros de la Ley del Lobby, donde se explicaba que el objetivo de la visita era “poder juntarse con las entidades responsables de las empresas eléctricas chilenas e identificar oportunidades de inversión en Chile”.

Conocedores comentan que en esa primera incursión la firma contó con el apoyo de dos bancos de inversión con presencia local y su interés no estaba precisamente en el transporte de energía ni en la distribución eléctrica, que fue el área en la que finalmente invirtieron. Primero —hace un año—, con la compra de Chilquinta, y luego, hace unos días, con el acuerdo para la adquisición del negocio eléctrico de CGE, operación que de concretarse, posicionará a State Grid como el mayor operador de ese segmento en Chile, ya que podría abastecer a más de la mitad de los clientes eléctricos residenciales del país.

Un ejecutivo que participó en esa primera exploración del mercado local recuerda que la atención de la corporación asiática estaba en la generación y por eso entonces solo se reunieron con empresas de ese segmento.

La estatal maneja activos por US$ 572 mil millones

Algunos de los que participaron en esa primera visita de State Grid a Chile dicen que los ejecutivos chinos preguntaron por eventuales cambios en la regulación del sector. De ese primer grupo destacaba también su marcada estructura jerárquica, ya que solo uno de los ejecutivos hizo cabeza en los diversos encuentros de la delegación.

Otra característica —destacan quienes han visitado el gigante asiático por negocios— es la estrecha vinculación entre las empresas, especialmente las 96 centrales o de alcance nacional —entre las que figura SGCC—, que el Estado chino controla a través de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (Sasac, por su sigla en inglés). Esta entidad tiene rango ministerial y depende del Consejo de Estado, el que a su vez está vinculado al Partido Comunista.

Fue la propia Fiscalía Nacional Económica (FNE) la que se refirió a esta vinculación en el informe en el que aprobó la compra de Chilquinta por parte de SGID. Allí la entidad expuso que el Sasac tiene facultades de supervisión y administración sobre SGID y sobre todas las empresas estatales constituidas en China. La FNE determinó que esta misma relación se da en otras tres empresas del sector energía que tienen presencia en Chile: China Southern Power Grid, que tiene el 27,79% de Transelec; la ya mencionada SPIC, y China International Water and Electric Corp., que es dueña de Atiaia, una empresa que desarrolla proyectos hidroeléctricos.

La probabilidad de que una empresa que es la más grande de China también sea la más grande del mundo es alta. Ese es el caso de SGCC, que produce, transporta, distribuye y comercializa electricidad en el 88% del extenso territorio chino, donde atiende a nada menos que 1.100 millones de personas.

La corporación maneja activos por US$ 572 mil millones y este año se ubicó en el tercer lugar del ranking Fortune 500 de las mayores empresas del mundo, dos puestos más arriba que el año pasado.

Su brazo internacional, State Grid International Development (SGID), está presente en nueve países: Chile, Brasil, Filipinas, Portugal, Australia, Italia, Grecia, Omán y la región administrativa especial de Hong Kong.

Primer presidente no vinculado a la industria energética

Por lo general, la primera línea de las empresas estatales chinas está conformada por ejecutivos que integran el Partido Comunista, colectividad que cuenta con casi 92 millones de militantes, de acuerdo con cifras oficiales al cierre de 2019.

Ese es el caso, por ejemplo, de los presidentes y parte de la primera línea de la matriz SGCC y de SGID. De acuerdo con un informe de la consultora Plenum China, el presidente ejecutivo de la primera de estas firmas, Mao Weiming, es miembro suplente del Comité Central del partido y fue designado a la cabeza de State Grid Corporation en enero de este año por el Departamento de Organización del Partido Comunista, convirtiéndose en el primer timonel de la firma (que fue fundada en 2002) que no está ligado a la industria.

Weiming ha desarrollado toda su carrera en la administración pública; durante 17 años fue vicegobernador de la provincia de Jiangxi (sureste de China) y antes de la eléctrica trabajó en el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, según consignaron agencias internacionales, como Reuters.

Medios locales y especializados en el sector energético interpretaron la designación de un personero con perfil político como una respuesta a la lentitud con que el presidente anterior de SGCC, un ejecutivo de la industria, implementó un esquema de precios garantizados de energía mandatado por el gobierno central para impulsar el desarrollo de generación solar; lo mismo habría sucedido con el mandato de reducir el precio de la electricidad, una medida que apretaría los márgenes de la compañía y que habría sido resistida por el antecesor de Weiming.

El director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo, Yun-Tso Lee, estima que hay algo de mito cuando se habla del control que el gobierno chino tiene sobre las empresas estatales. “La administración de las empresas públicas chinas está totalmente descentralizada y depende de los gobernadores, que si bien pueden hacer designaciones, no pueden designar a cualquiera, por ejemplo, por razones políticas. Eso era hace 15 o 20 años, pero ahora no, porque si esa empresa se derrumba, es él quien asume la responsabilidad ante el poder Ejecutivo y eso pone en riesgo su carrera dentro de la administración del Estado. Ese es el control natural sobre la influencia política en las empresas estatales”, asegura.

El también académico añade que los comités del Estado que supervisan a estas empresas, como el Sasac, lo hacen respecto de materias más bien éticas y no se involucran en la administración de los negocios.

Sergio Díez, socio del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos, uno de los primeros estudios de abogados locales que atendió a firmas de ese país, dice que si bien hoy las empresas chinas estatales son compañías sofisticadas, que participan y actúan en el mercado como empresas privadas, sometidas a la legislación vigente y a sus reguladores, respecto de situaciones en que los intereses del Estado chino estén en juego, “el gobierno de China se involucra directamente en sus empresas estatales, desde la decisión de inversión hasta su participación y operación en un mercado extranjero. Por ello, es evidente que el gigante asiático, que además es nuestro principal socio comercial, usará todos los caminos que considere apropiados para que sus inversiones se respeten y se garantice el cumplimiento de la institucionalidad local y las reglas de juego que los hicieron invertir en Chile”, asegura.

Preocupación por el proceso constitucional en Chile

“Con inversionistas como State Grid, veo difícil, sino imposible, los eventuales sueños de algunos sectores de estatización de servicios en sectores estratégicos”, plantea Díez.

Al mismo tiempo, Lee comenta que respecto de los cambios regulatorios recientes en Chile y en particular sobre el proceso constituyente, “altos ejecutivos de empresas chinas me han consultado mucho sobre la posibilidad de una modificación sobre el derecho de la propiedad, pero aunque eso les hace ruido, seguirán acá con la lógica de un apostador que asume ese riesgo, que para ellos pudiera ser menor en comparación con la utilidad que pueden generar”, plantea.

Carlos Salazar, comisionado internacional que en agosto recibió el encargo de la Cámara de Empresas Estatales Chinas en Chile (CECC) de concertar reuniones con los diferentes ministerios para facilitar inversiones y/o cooperación económica y comercial en el país, comenta que las cifras dejan en evidencia el interés de los capitales públicos y privados por Chile, ya que al cierre del primer semestre de 2020, la cartera de InvestChile contaba con proyectos chinos por US$ 4.469 millones. “En 2016, la cartera de inversiones de China en Chile contaba solo con cinco proyectos por US$ 310 millones, y hoy es la primera fuente de capitales de la cartera de InvestChile. El interés no ha cesado. Incluso bajo el contexto de la crisis sanitaria, se han incorporado cinco nuevos proyectos chinos este año, y hoy se trabaja apoyando a cerca de 30 proyectos de ese país”, plantea.

Chilquinta: ejecutivos chinos asumirían cargos intermedios en los próximos meses

A fines de junio, State Grid tomó el control de Chilquinta, su primera inversión directa en Chile, por la que pagó casi US$ 2.300 millones. Inmediatamente, la asiática nombró al directorio, el que quedó presidido por Zhao Yumeng, director general adjunto de SGID, quien desde 2017 ocupa esta misma posición en la eléctrica brasileña CPFL, que la asiática adquirió en 2016.

Tan solo unos días después de la toma de control, el propio Yumeng sostuvo una conferencia remota con las jefaturas y los sindicatos de Chilquinta, oportunidad en la que se presentó y planteó las razones por las que habían escogido a Chile para invertir: estabilidad regulatoria y regulación clara.

Posteriormente, el directivo sostuvo un encuentro también remoto con los sindicatos de la eléctrica. El secretario del Sindicato 1 de Chilquinta, Jorge Figueroa, comenta que estos primeros acercamientos los dejaron con una sensación positiva.

Agrega que se les comunicó que en los próximos meses se integrarán a la compañía ejecutivos chinos que asumirán posiciones intermedias en la firma, a nivel de subgerencia. En ese momento, dice el dirigente, será posible tener una visión más detallada de los planes de la firma, aunque estiman que no debiera haber grandes ajustes, debido a que el desempeño de la concesionaria ha sido favorable.

Sergio Díez estima que uno de los aspectos positivos del ingreso de empresas chinas al mercado local es que no se trata de fondos de inversión, sino de empresas que conocen el rubro y se dedican a explotarlo. “Son gigantes y pueden aportar todo el know how que han desarrollado en todas sus operaciones similares en el mundo. Segundo, estas inversiones son la mejor garantía para asegurar que las reglas de juego no serán desconocidas por parte de los políticos locales”, puntualiza.

Los frentes que se abren con la posible compra de CGE

Tras el acuerdo con la hispana Naturgy para adquirir CGE, ahora vendrá un paso crucial para SGID, pues deberá sortear primero a los organismos de libre competencia para concretar la compra. Entre las autorizaciones requerirá la de la FNE, a la que tendrán que recurrir por la operación de concentración, al superar los umbrales de venta, y también por la eventual integración vertical de sus negocios, considerando que SGID tiene el 25% de una empresa portuguesa que tiene activos de transmisión en Chile.

En los pocos meses que SGID lleva a la cabeza de Chilquinta, la situación ha sido relativamente tranquila, ya que la concesionaria presentaba bajos niveles de reclamos y tiene buenas calificaciones en los rankings de calidad de servicio. Claro que al igual que a las demás empresas de servicios básicos, la pandemia ha afectado su recaudación.

Sin embargo, el panorama será distinto en caso de que la asiática logre concretar la compra del negocio eléctrico de CGE, pues entre otras cosas, esta enfrenta procesos sancionatorios debido, por ejemplo, a su decisión de recortar los pagos a las cuatro mayores empresas de generación y también a transmisoras eléctricas, en virtud de la menor recaudación que tiene a raíz de la pandemia y la legislación que impide el corte de suministro por no pago.