En la Moneda no hay dos lecturas, el plebiscito va “sí o sí”, ningún elemento de carácter político o social puede interponerse en la última carta que tiene el Mandatario para resucitar su compromiso con la democracia que tanto le gusta sacar a relucir y que desde el estallido social de octubre ha estado en tela de juicio.
“Es la última oportunidad de actuar de forma democrática que tiene el Presidente”, una frase que corresponde a un diputado de Chile Vamos y que refleja en toda su magnitud el sentir que cruza a La Moneda a menos de dos meses del plebiscito del 26 de abril. Es que en el Gobierno saben que cualquier elemento de carácter político o social que empañe, complique o afecte la realización de la consulta establecida por el acuerdo por una Nueva Constitución del 15 de noviembre, se transformaría en el peor de los escenarios para la debilitada administración de Sebastián Piñera.
La crisis social que se desató tras el estallido del 18 de octubre tiene al Presidente Piñera con los promedios de rechazo ciudadano más bajos de la historia, debido a un cuestionamiento trasversal a su conducción política y una presión –calificada por algunos como indebida– desde el sector más conservador de la derecha, que le impide tener un mayor margen de maniobra, como algunos al interior de La Moneda aseguran que quisiera el propio Mandatario.
Como si fuera poco, a este complejo escenario se le cruzó, sin advertencia alguna, el debate político sobre la posibilidad de que la era Piñera se termine antes de tiempo. Por un lado, el excandidato presidencial Alejandro Guillier instaló la propuesta de adelantar las elecciones, a lo que se sumó el informe solicitado al Senado por tres diputados –Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez– para conocer el procedimiento aplicable en virtud del artículo 53, número 7, de la Constitución, que se refiere a la inhabilidad del Presidente de la República por temas problemas de salud física o mental.
Es cierto que con todos los flancos abiertos con los que camina el Gobierno de estos días, rondan algunas incertidumbres sobre la realización del plebiscito, pero desde el propio oficialismo aseguraron que existe claridad absoluta de que cualquier imprevisto que afecte la realización de la jornada del 26 de abril, significaría sin apelación una sentencia fatal a la permanencia del Presidente Piñera en La Moneda. Para el círculo cercano del Mandatario, «no es una opción» la posibilidad de no realizar el plebiscito y así lo reafirmó la ministra de la Segegob, Karla Rubilar, hace exactamente una semana, en una entrevista en Radio Universidad de Chile: “El plebiscito va sí o sí”.
En este escenario se suma otro elemento, la obsesión del Presidente Piñera por asentar su legado. Un objetivo constante desde que inició su segundo período en La Moneda, pero tras el estallido del 18 de octubre de 2019 pasó a ser una meta prioritaria proteger el lugar en que quedará en la historia. Es así como hace meses, y en medio del momento más álgido de la crisis, el jefe de asesores del segundo piso y sostén ideológico de la derecha más fundamentalista en Palacio, Cristián Larroulet, pidió a todos los ministros proponer un hito que pueda enmarcarse dentro del potencial legado presidencial una vez finalizado el mandato en marzo de 2022.
En este sentido, que el plebiscito de abril se postergue o no se lleve a cabo, debido a la incapacidad para mantener el orden público, ha sido calificado en el seno de La Moneda como “un fracaso irremontable”.
Sabido es que en la interna de Palacio la mayoría de los inquilinos estaría por el Rechazo y que nunca estuvo en los planes presidenciales hacer una nueva Constitución, postura que el exministro de Interior, Andrés Chadwick, ratificó ante Icare el 15 de marzo del 2018, cuando dijo que “no queremos que avance el proyecto de nueva Constitución de Bachelet”. Pero ha sido demasiada el agua que ha pasado bajo el puente, reconocieron en el propio Gobierno, por lo que ya puesto el piso del trabajo en favor de sacar adelante la tarea, la no realización del plebiscito sería un golpe del que “no podrían levantarse”, afirmó una fuente del oficialismo.
Y si bien nunca es un muy buen día para La Moneda desde hace unos meses a la fecha, al menos hoy sí existe un grado de certidumbre con el que cuenta Piñera y que ratifican quienes lo han conversado con él. Los grados de violencia que se han registrado no son un elemento que condicione o determine la realización del plebiscito sobre una nueva Constitución y que solo sería un factor a considerar si se retrocede a la intensidad y gravedad de los primeros días posteriores al 18 de octubre.
De todas formas, el que ya sea un tema resuelto en la mente del Presidente, no significa que la campaña del terror impregnada por el sector más duro de la derecha no se haya transformado en un gran dolor de cabeza para las autoridades. El hecho de que se haya buscado instalar la idea respecto a que con la violencia que se suscita en la calle, la factibilidad de llevar a cabo el plebiscito era cada vez menos plausible, complicó sobremanera la interna de la administración piñerista, porque es precisamente el Gobierno el responsables del resguardo del orden público, algo que muy poco importó a algunos miembros de Chile Vamos.
Uno de los ejemplos de aquello y que sacaron a relucir desde el Gobierno, fueron las palabras de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, en medio del consejo general gremialista de enero, cuando dijo que “no estaban dadas las condiciones para llevar adelante el plebiscito”.
Pero más allá de los cálculos en Palacio, el vicedecano de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, aseguró que “un Gobierno que no da la tranquilidad de la celebración de un acto de esta envergadura, puede tener una complicación de legitimidad en el ejercicio y eso puede ser muy complicado para resguardar otros procesos que vienen más adelante. En el fondo, eso podría dar pie, también, para que sectores con representación presenten acusaciones constitucionales o intentar de otra forma buscar mecanismos para impedir que este Gobierno pueda ejercer legítimamente el derecho para seguir gobernando”.
Menos alentadora aún fue la mirada del abogado y asesor del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Emiliano García, quien agregó que «no hay muchas alternativas, el plebiscito está mandatado por la Constitución para la fecha indicada. Siempre cabe la posibilidad de que en virtud de la contingencia –y eso incluye la situación sanitaria del país respecto al contagio del coronavirus– pueda cambiarse para una fecha posterior. Pero hoy estamos en una incertidumbre total: nadie sabe qué pasará en el breve plazo, sobre todo por la violencia callejera que hemos visto”.
En este mismo marco, también hubo varios que entendieron que la campaña que intentó enlazar la violencia con el Apruebo y, por consiguiente, con la relativización de la legitimidad del plebiscito, al final ayudó mucho a que, cualquiera sea el factor que se interponga en la normal realización de la votación del 26 de abril, será interpretado de múltiples maneras y ninguna será buena para La Moneda. «No se resiste que no haya plebiscito por alguna razón política o social», sentenció un asesor de Gobierno.
Hay una salvedad. Una postergación –vía reforma constitucional– por razones sanitarias por la eventual propagación del coronavirus. En el oficialismo todos coincidieron en que aquella circunstancia corre por un carril paralelo y que ahí sí “hay que separar aguas”. Aseguraron que las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, donde puso en cuestión el plebiscito, responderían a un peligro “real” y que las autoridades deben ser responsables con las medidas. “Si lo han hecho países en Europa y se han cancelado millonarias ligas de deporte, es posible que el plebiscito se pueda aplazar”, afirmaron en la derecha.
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