En su mayoría son de barrios vulnerables, han desertado del sistema educacional, pertenecen a pandillas y barras bravas, y no responden a una ideología política.
Hay un punto sobre el que el investigador del Centro de Políticas Públicas y profesor de Teoría Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, José de la Cruz Garrido pone la lupa: la llamada «primera línea» de una protesta mayoritariamente está compuesta por menores de edad y jóvenes no mayores de 25 años. Advierte que en ellos no hay ideología, por lo tanto, no son precisamente quienes demandan un nuevo orden constitucional y mucho menos responden a los intereses de algún partido político tradicional.
Más bien allí convergen, de acuerdo con su análisis, jóvenes de sectores populares que no estudian ni trabajan, que han desertado del sistema escolar, que en algunos casos alimentan el precario sistema del Sename y están vinculados a barras bravas que a su vez pueden estar permeadas por bandas de narcotráfico y de delitos violentos. “Estos jóvenes ya no tienen nada que perder, y mucho menos que ganar”, advierte sobre la peligrosidad que ha tomado el movimiento.
La última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 2017) indica que en el país son 528.574 (12,7%) los jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, conocidos como los “ninis”. 31% de los que conforman esta categorización son hombres y el 69% son mujeres; el 85% vive en zonas urbanas y en términos socioeconómicos se concentran en los sectores más vulnerables: 35% están en el primer quintil y solo el 6% se encuentra en el quinto quintil. Además, el 17% de estos jóvenes es pobre por ingreso y el 30% es pobre según la medición multidimensional.
Garrido está familiarizado con esta realidad. Ha trabajado con escuelas en Puente Alto (Villa Padre Hurtado), Estación Central (Los Nogales), y en Quilicura (El Mañío). En 2016 comenzó el desarrollo de la investigación “Visibilizar la violencia: estudios y propuestas metodológicas para visibilizar el riesgo situacional de niños, niñas y adolescentes (NNA)” en Villa Andes de San Bernardo, que se publicó en diciembre de 2018.
Allí presenta como antecedentes que “existe un número importante de jóvenes que ha desertado del sistema escolar y se les ha perdido el rastro”. Cita la Encuesta Casen 2017 que reporta que 17% de los menores de 17 años afirma no asistir a ningún establecimiento educacional. La investigación revisó los datos de delitos asociados a Villa Andes I , II y III e hizo encuestas a menores de edad matriculados en tres escuelas de ese mismo territorio, al cruzar esos datos pudo construir mapas de riesgo, considerando factores como exposición a la violencia barrial, balaceras, ser miembros de una pandilla, pertenecer a una familia vulnerable, ser mujer, ser migrante, o pertenecer a una familia monoparental.
Los entrevistados le confirmaron que en ese sector no es posible hacer denuncias relativas al tráfico de drogas, ya que “el control del narco consiste, entre otras cosas, en que no existen denuncias, ni control policial en el territorio. Que tampoco haya flagrancia informa que, a pesar que es de conocimiento público las calles y lugares donde se vende y consume drogas, Carabineros ‘no entra’ a estos lugares confirmando lo que la literatura señala sobre la percepción de que no existe la presencia del Estado ni de sus funciones de seguridad”.
El estudio de Garrido cobra relevancia cuando durante esta semana las autoridades han recalcado que el narcotráfico y las barras bravas estarían financiando la violencia. “Los más felices son los narcotraficantes, que pueden vender de día lo que vendían en las noches, y también sectores muy duros, no de hinchas de fútbol, sino que de barras bravas relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia más dura, y ahí vamos a tener que profundizar en la inteligencia”, subrayó en Cooperativa la vocera de Gobierno Karla Rubilar.
Esto se suma a lo dicho en el Congreso por el fiscal nacional, Jorge Abbott, el pasado 20 de noviembre: “Hemos encontrado, por ejemplo, que han bajado los delitos del tráfico de drogas y estas organizaciones se han dedicado a los saqueos. Hemos logrado incautar mercadería a sectores vinculados con el tráfico de droga”.
A principios de noviembre, además, se hizo público que el adolescente de 16 años identificado con las iniciales B.E.S.M., quien fuera el primer aprehendido por los incendios dentro del subterráneo, en Pedrero, formaba parte de la Garra Blanca. Desde que se iniciaran las manifestaciones, por lo menos 14 barras bravas de los equipos de fútbol locales han mostrado su respaldo a las movilizaciones y 16 de estos grupos se pronunciaron en contra de que se retomara el torneo.
Garrido recuerda las conclusiones del Observatorio del Narcotráfico en Chile -adscrito a la Fiscalía Nacional- en 2017 que concluyó que hay al menos 426 barrios bajo el control narco repartidos en 24 comunas del país, 13 de ellas en Santiago; y un informe de la Contraloría de ese mismo año que indica que la base de datos de armas inscritas que mantiene el Departamento OS11 se encuentra desactualizada desde el año 2011; además del robo de armamento a Carabineros, pues el 14 de junio de 2016, de la Comisaría de Cerrillos se robaron dos subametralladoras UZI con municiones y cuatro pistolas Taurus, además el 31 de mayo de 2017 se “extravió” una treintena de armas de la Escuela de Formación en Cerrillos.
La investigación de Garrido de 2018 relaciona la vulnerabilidad, el consumo de drogas y la pertenencia a pandillas y de esta manera dibuja el perfil de los menores de edad que ingresan a bandas: pertenece a familia monoparental (vive solo con la madre o los abuelos); existe hacinamiento en el lugar en el que viven o viven en clanes familiares vinculados al delito; y además sufren abandono. La investigación -hecha a partir de entrevistas en tres colegios de San Bernardo- constata que el ingreso a las pandillas se da desde los 9 años de edad.
Observó que 13,4% de los menores encuestados declara pertenecer a una pandilla (de 10% en adelante la cifra se considera grave), con un promedio de 4,5 años de participación en estas. Por sexo, un 84,7% de los menores que declaran pertenecer a una pandilla son hombres, con un promedio de edad de 14 años.
Garrido advierte que en no utilizar estos datos como concluyentes, pues se trata de tres escuelas, pero admite que las cifras son una referencia. “Considerando el tipo de deserción, ausentismo crónico y que son alrededor de 400 puntos en Santiago los que están bajo el narcotráfico, podríamos estar estimando entre 150.000 hasta 320.000 los menores que podrían ser capital humano para cualquier práctica que implique la comisión de delitos”, afirma el profesor.
Detalla que en Santiago hay construcciones habitacionales, desarrolladas entre el año 1994 y el 2001 que se han convertido en poblaciones segregadas, donde no hay espacios públicos, los accesos son difíciles, y están en las periferias, lo que dificulta que el Estado se haga cargo. “El narcotráfico tiene una estructura de negocios muy compleja e incluye permear las instituciones de distinta manera. Por otra parte, tienes a la policía, que se enfrenta con personas que tienen armas de asalto: UZI, M5. No necesariamente es corrupción, a veces también es intimidación. Y tienes al Poder Judicial, donde yo creo que el fenómeno excede las capacidades técnicas u operativas respecto de garantizar la seguridad de los territorios y efectivamente poder mitigar este negocio. Es un problema que hay que tomárselo en serio y se le ha subestimado”.
En consecuencia, el narcotráfico, explica, ha sustituido en algunos sectores el rol benefactor del Estado.
El investigador, no obstante, llama a no estigmatizar a los jóvenes más vulnerables como los únicos que están participando en las barricadas. Diferencia que hay otros que sí cuentan con familias e igualmente integran clanes familiares, con antecedentes antiguos dentro de las poblaciones de delincuencia, que pueden estar asociados al narcotráfico sin ser reclutados. «Hay dos capas de chicos de población. Hay unos que son más vulnerables y otros que pertenecen a estos clanes familiares, que no están en el mismo nivel de vulnerabilidad», destaca.
Otra capa sería la del «anarco clásico», que puede ser de clase media o media alta incluso, pero proviene de familias con vinculo político, también puede ser que hayan entrado a una determinada universidad donde de alguna manera fueron reclutados o se permearon de ciertas ideologías. O bien, existen casos de jóvenes que vienen de familias disfuncionales, que encuentra identidad en ideas políticas extremas como el anarquismo o el neonazismo. «Hoy vemos que se han congregado todos detrás de estas manifestaciones y expresiones antisistema», dice el profesor. «Esa barricada está compuesta por muchos grupos, pero efectivamente los que están en la segunda capa, y forman clanes, están siendo parte de fenómenos de violencia bien particulares, y no solo en las barricadas».
De acuerdo con la investigación, quienes admiten pertenecer a una pandilla, también pueden formar parte de otras actividades. 68,3% respondió que es miembro de un club deportivo -se infiere que de fútbol- y 67,8% a barras bravas como la Garra Blanca, Cruzados, Los de Abajo u otra. “Mientras un 34,9% de los no pandilleros pertenecen a barras de fútbol, casi el doble de los pandilleros lo hace”, se lee en el documento.
Garrido advierte que este tipo de organizaciones también se han subestimado, aunque algunas puedan tener más miembros que el número de militantes de determinados partidos políticos, “siempre con leyes de violencia en los estadios que no tuvieron resultado. Fue creciendo esta bola de nieve y después de la Copa Sudamericana de 2011 comienzan a aparecer las alas antifascistas, que son todo lo contrario a lo que su nombre indica, y estos se empiezan a cruzar, empieza haber una intersección entre el feminismo, los anarcos, que se descuelgan del FPMR y del Movimiento Juvenil Lautaro en los 90 y luego el ingrediente narco. Ese mix es el que se tiene ahora. A esto hay que agregar brigadistas de políticos. Todos los candidatos en Chile que se presentan en territorios vinculados al narcotráfico necesariamente tienen que tener brigadistas que estén en condiciones de hacer campaña, y los únicos son de barras bravas. Lo más grave es que ninguno de estos sectores tiene identificación política. He conocido brigadistas que han trabajado para la campaña del senador A de la derecha y después para el senador B de la izquierda. Les da igual, quieren el dinero y la entretención de irle a romper algo al contrario”, resume Garrido.
El investigador opina que la reticencia de los futbolistas a continuar con el torneo nacional también puede deberse a que los jugadores podrían estar amenazados precisamente por los integrantes de las barras.
“En Inglaterra pasó lo mismo, en los ochenta los Hooligan estaban vinculados a los anarquistas y eran antisistema y anti la reina. Acá hay ingredientes que se van repitiendo en las sociedades, esto de las miras telescópicas que ahora sorprende tanto. Todas las poblaciones lo tienen. Si te quedas una noche en una villa, miras por la ventana y están llenas de miras telescópicas”, agrega.
Otro de los puntos que mide la investigación tiene que ver con el respeto. Encontró que el respeto a Carabineros de menores pandilleros solo llega a 49%, muy inferior al 75% de quienes no lo son. Las barras bravas son respetadas por 48% de los menores que declaran pertenecer a una pandilla, sobre un 35% de quienes no lo son. Al tiempo que las mismas pandillas son respetadas por un 51,8% respecto del 23,6% de respeto que le tienen quienes declaran no pertenecer a una.
El investigador establece otra diferencia sobre las líneas de negocio asociadas a la violencia. Señala que los jóvenes que están metidos en delitos asociados a robo, violento o no, operan en una industria distinta a la del narco y no necesariamente se cruzan. “A veces se cree que el narcotraficante es ladrón al mismo tiempo. No, el narco tiene su línea de negocio”, asevera.
Garrido, quien es magíster en Filosofía y ha desarrollado áreas de investigación sobre ética, psicología moral y capital social asevera que en las redes sociales como Instagram se deja constancia de la “simpatía” que genera en los jóvenes la violencia como recurso de acción política contra el gobierno, en particular contra el Presidente Piñera, así como el rechazo profundo hacia Carabineros; lo que comparten con las barras bravas, anarcos y sectores de izquierda antisistema.
“La opinión pública es un estado de creencia que se asocia a un juicio moral, cuando tengo una creencia política en realidad estoy aprobando o reprobando un sistema político porque sus resultados me producen ciertos niveles de agrado. Se ha producido un efecto de identificación simpática, brutal, de la opinión pública, sobre todo por las redes sociales, y aquí nos damos cuenta del peligro que son. Instagram, la iconografía del tipo luchando contra la policía. Esa opinión pública, a mi juicio, es el mayor acelerador y alimentador de este movimiento, por mucho que uno piense que hay una organización detrás de, al menos, algunas partes de este puzzle. Este puzzle se habría extinguido si no existiera una opinión pública favorable”, dice Garrido.
“Con Instagram y estas fotografías épicas encuentran un reconocimiento, un sentido, se convierten en un soldado, que está en un contexto en el que puede producir un daño al sistema, que es el sistema que lo ha oprimido, que no le ofreció una buena escuela, o donde los padres o el entorno fueron violentos. Si no estuviera esta situación es muy difícil que hubiesen salido de manera espontánea a la calle a saquear supermercados, o locales, o a destruir. Ahí te das cuenta de que hay una falta de identidad”.
Esa falta de identidad se manifiesta en los incendios dentro de las estaciones de Metro, que para el investigador abarca dos fenómenos: el del episodio concertado que destruyó por completo la estación San Pablo y el de los chicos que “al ver que se quemó una estación, dicen ‘por qué no vamos por la otra’. Por eso se ve una diferencia entre una que fue hecha por profesionales y después otra estación donde se quemó solo la entrada, por ejemplo porque fue hecha por no profesionales. Ellos no tienen familia, no tienen padres, no tienen ninguna relación de capital social con su entorno”.
Por esta razón, el investigador es pesimista al vislumbrar una salida a la crisis. Establece una metáfora mecanicista y compara los sistemas sociales con máquinas. Indica que en este caso, los lubricantes para que el motor funcione: prudencia, confianza y amistad cívica ya no existen.
«Esto es como un bosque. No necesitas coordinar y ordenar todas las piezas, necesitas poner a trabajar ciertas cuestiones, por eso no es trivial el paro nacional o el llamado a huelga constante, para mantener esto vivo, porque el resto actúa por sí mismo», concluye.
