Rendición de cuentas y verificación de datos son dos lecciones para el Ejecutivo.
Un mes después del inicio de la gira del Presidente Sebastián Piñera a China, el Gobierno sigue dando explicaciones por la participación de sus hijos en el viaje oficial a China y Corea del Sur.
Anoche en una entrevista, que el Mandatario concedió a Ahora Noticias para hablar de su plan estrella “Clase Media Protegida”, fue consultado por la reactivación de la polémica. Aseguró que la Fach no puede cobrar el costo de transporte a quienes integran una comitiva presidencial y afirmó que “cargarle la mano a mi familia me parece injusto y de una tremenda maldad”.
Hoy la ministra Cecilia Pérez retomó el discurso apelando a la compasión. “No hagamos un juego de máscaras. Hablemos con la verdad. Digámosle a la gente la verdad. Tengamos diferencias legítimas donde corresponde, pero no tratando de dañar al hijo del Presidente para hacerle un daño a su gobierno. Acá Cristóbal Piñera dijo la verdad y pidió disculpas, cosa que no ha hecho nadie de los familiares de los gobiernos anteriores”,dijo Pérez, quien aseveró que “aún cuando el presidente vaya solo o vaya lleno el avión, es el mismo costo”.
El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en tanto, consultado en Radio Oasis, dijo las críticas sólo buscan “causar daño” e “invisibilizan los temas de fondo para las personas”. “El mismo Presidente ya aclaró el punto, el hijo del Presidente reconoció que había sido una imprudencia y en el tema todos partimos de la base que el avión de la Fach no cobra pasaje”, agregó.
Caso reabierto
La polémica se reactivó ayer —justo en el día en que el Gobierno hizo su gran anuncio del semestre: Clase Media Protegida— luego de que se difundiera en redes sociales una versión de la Fuerza Aérea, obtenida vía Transparencia por Rodrigo Vega Herrera, asesor del jefe de diputados DC, Gabriel Ascencio y de la senadora del mismo partido, Yasna Provoste.
En la respuesta, la Fach señala que “no realiza cobros ni facturaciones” respecto de este tipo de vuelos. Especificó además que Presidencia solo informa la fecha y el número de integrantes de la comitiva “no siendo resorte de la Fuerza Aérea quienes la componen”.
La información contradice la versión categórica entregada por Cristóbal Piñera el 29 de abril, cuando dijo que fue a China a acompañar a sus padres cubriendo todos sus gastos “y sin costo para el Estado”.
Un día después, en su primer punto de prensa en La Moneda a su regreso de China, fue el propio Presidente dio una versión en la misma línea.
Los nuevos antecedentes opacaron durante la tarde de ayer los anuncios del Gobierno, lo que se vio reflejado incluso en las tendencias de Twitter.
Incluso, en la tarde el ministro de Defensa Alberto Espina salió a aclarar los dichos de Cristóbal Piñera, diciendo que se refería “a los gastos que no dicen relación con el avión”.
Por qué sigue abierto
Uno de los factores que incidió en que la polémica se reactivara fue la afirmación inicial del Gobierno de que no había costo “alguno” para el Estado, lo que en la práctica no es estrictamente exacto, porque hay un gasto aunque sea marginal, ya sea por combustible e, incluso, por alimentación a bordo del avión presidencial. Pero efectivamente no hay forma de retribuirle a la Fach ese costo que se asume por Ley de Presupuesto.
Esa versión pudo ser contrastada fácilmente por un asesor parlamentario, incluso, pudo haber sido cualquier ciudadano, mediante las herramientas que otorga la Ley de Transparencia.
Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, destaca que casos como este demuestran “cómo la Ley de Transparencia sirve para contrastar o aclarar lo que dice la autoridad. Los márgenes de no dar explicaciones claras hoy son mucho menores de los que existían sin la Ley”. Aunque considera que en todos los gobiernos ha existido “un lamentable uso discrecional de estos recursos” valora que se esté buscando avanzar en un mejor estándar a través de medidas como el protocolo.
María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, considera que a veces la autoridad “no entiende del todo que la ciudadanía exige rendición de cuentas y que eso corresponde, independiente si te gusta o no el tema. Cuando se trata de temas públicos (platas públicas o de interés público), la autoridad debe rendir cuentas”. A su juicio, el gobierno ha tratado de “minimizar algo que era potente para la opinión pública”.
A juicio de Catalina Correia, directora de Marketing de Adimark, la molestia en la opinión pública reside en que estos hechos están “en contra del relato que la administración actual ha estado meses tratando de imponer en la agenda: el mérito, la igualdad de oportunidad y la justicia”.
El académico de la UDD, Eugenio Guzmán cree que “la molestia radica en que situaciones como éstas pueden prestarse para privilegios”.