Una visita a una pyme, ubicada en la comuna de Independencia, para destacar los beneficios que tendría una eventual reforma tributaria fue la actividad usada por el Presidente Sebastián Piñera para simbolizar su “superlunes». Aunque el Mandatario ya estaba en funciones desde la semana pasada, la actividad política —especialmente de parte de la oposición— retornó junto al inicio del año escolar. Precisamente la reforma tributaria, junto a la de pensiones, son dos de las metas estratégicas del Ejecutivo este año.
A ello se suma el acuerdo sobre seguridad, que planteaba la necesidad de acrecentar el control civil sobre las policías, pero las irregularidades en el uso de gastos reservados mostraron la necesidad de extender esa supervisión a las FF.AA. No son los únicos flancos del Gobierno en 2019.
El panorama económico sigue inestable.
Además, el rol de los partidos del oficialismo —que ya tienen en mente las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales— añade otro foco de incertidumbre. El plano internacional, en tanto, se presenta una poco más auspicioso para la imagen del Gobierno y el Presidente. Sin embargo, el clima social y de movilizaciones (que aún no se aprecia nítidamente, salvo la “huelga feminista”, convocada para el 8 de marzo, y algunas advertencias en el plano estudiantil y del movimiento No+AFP) pueden terminar cambiando los planes del Ejecutivo. Roberto Méndez, en una columna en La Tercera, el viernes pasado, al analizar el “ciclo político” de un gobierno, dijo que en el segundo año se materializan las frustraciones producto de las restricciones económicas.
Además, en los “segundos años” de una administración suelen surgir nuevas demandas sociales. En el caso del primer gobierno de Bachelet, en 2007, fue el Transantiago el detonante de un ajuste de gabinete. En 2011, Piñera, en su primera administración, también ejecutó un cambio de ministros tras las movilizaciones estudiantiles.
En 2015, Bachelet, en su segundo mandato, modificó su equipo político tras la presión social por casos de irregularidades como Caval y SQM. En estos tres casos, la ex Presidenta y el actual Mandatario apostaron a corregir un déficit político de sus gabinetes en vista de un nuevo contexto social.
Reformas con la oposición
Traspasar una mayoría opositora se ve más complejo en 2019, que ha sido definido por el oficialismo como el año de las reformas emblemáticas. Confrontadas a su propia dispersión, las facciones de la oposición redoblaron esfuerzos para articularse, lo cual desajustó el calendario de la reforma tributaria (ver nota página siguiente), también provocó que el Ejecutivo decidiera posponer la iniciativa sobre indemnizaciones en la reforma laboral y también dividiera en dos textos el proyecto de Admisión Justa, precisamente para facilitar acuerdos. Pero en Chile Vamos está la idea de que, si es necesario “pirquinear” votos nuevamente, habrá que hacerlo sin complejos.
“Yo me olvidaría de los grandes acuerdos transversales, porque tenemos un sector de la oposición que lo único que busca es el fracaso del gobierno”, afirmó el fin de semana el presidente de RN, Mario Desbordes (La Tercera).
Desde el Gobierno han advertido que harán lo posible por viabilizar consensos amplios, bajo el espíritu trazado en marzo de 2018 con los cinco acuerdos nacionales: niñez, seguridad, salud, desarrollo y Araucanía. Aunque en el último caso, la decisión es no introducir presión a las iniciativas, porque no hay un clima político que acompañe.
Por ahora, las metas de la agenda legislativa son ambiciosas y hay al menos 25 proyectos que captan la atención del Gobierno, considerando los en trámite, y aquellos por llegar, como la modernización laboral y la reforma a isapres y a Fonasa.“El problema central del Presidente Piñera es sacar adelante su agenda legislativa”, remarca Carlos Vergara, ex asesor presidencial de Ricardo Lagos, quien cree que para el Mandatario la mayor dificultad es “construir una alianza con el ‘centro’: la DC, gente del PR, algunos PPD”. Oficialismo, cohesión, presidenciables y elecciones
Que Chile Vamos logre ocho años continuos de gobierno fue una de las metas que planteó Piñera al llegar a la Presidencia, hace un año atrás. El primer test ciudadano para eso serán las elecciones municipales, de consejeros y de gobernadores regionales, que se celebrarán en octubre del próximo año.
Pese a que faltan 19 meses, el factor electoral y sus preparativos tendrán incidencia este año en la relación del gobierno con sus partidos. “Cada día que pasa es un día menos de gobierno y un día más cerca de las elecciones.
Y mientras más cerca de las elecciones, más preponderancia van tomando los partidos políticos y los parlamentarios que van a su reelección empiezan a mirar más su interés que la prevalencia del gobierno”, dice el analista político Aldo Cassinelli, quien define el 2019 como “un año pivote”, donde La Moneda no puede dejar de tener “una mirada hacia las elecciones”.
Ayer en La Tercera, el columnista Héctor Soto afirmó que Piñera no tiene un delfín y que “del actual gabinete presidencial no surgió ningún liderazgo lo bastante potente para tomar la posta electoral de esta administración el 2022”.
Al no haber un delfín claro, los postulantes del oficialismo también pueden verse tentados a desarrollar una agenda propia al margen del Gobierno. Rodrigo Arellano, vicedecano de Gobierno de la UDD, cree que aún no hay riesgo de descuelgue debido a que los niveles de aprobación del Gobierno superan 40%; mientras que Carlos Vergara cree que el tema partidario-electoral debe ser monitoreado directamente por el Presidente y su ministro del Interior. En paralelo, el gobierno deberá buscar solución a algunas dificultades que se avizoran para el proceso electoral.En enero, el consejo asesor para la modernización del Estado advirtió que existen vacíos regulatorios que podrían poner en riesgo el “carácter unitario de nuestra República” y “la capacidad de administrar el Estado en forma ordenada y eficiente”, pudiendo “transformarse en un semillero de problemas”.
Economía limitada
Las cifras económicas por ahora acompañan a La Moneda, aunque en el mismo Gobierno admiten que eso aún se está reflejando completamente en los bolsillos de la gente, lo que podría transformarse en un foco de frustraciones. El primer semestre de 2018 la economía creció 4,7%, el mejor registro en seis años. Sin embargo, nadie espera un crecimiento de esa magnitud para la primera mitad de su segundo año. Primero, porque la base comparativa pone una vara mucho más exigente que la que tuvo el Ejecutivo durante sus primeros meses.
Hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín reiteró la proyección de su cartera de 3,8% y valoró que el rango de otras proyecciones va de 3,5% a 4%.El escenario externo también será más desafiante para el Gobierno.
A nivel global se espera un 2019 menos dinámico, fundamentalmente por la desaceleración de las principales economías que crecerán un 2% versus el 2,3% que avanzaron el año pasado, según las estimaciones del FMI, a pesar de las mejores perspectivas respecto del fin de la guerra comercial entre China y EE.UU.
Control sobre FF.AA. y Carabineros
Este año esa crucial para imponer el control civil sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros.
“La debilidad producto de los casos de corrupción provoca una oportunidad mayor”, dice el experto Tomás Duval (RN), quien fue uno de los autores del programa de Defensa del primer gobierno de Sebastián Piñera. Y es que la agenda “uniformado-judicial” tiene para largo debido al caso de mal uso de gastos reservados por el ex jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), más las distintas aristas del “Milicogate”, “Pacogate”, “Operación Huracán”, “viajes” y muerte de Camilo Catrillanca, entre otros casos.
El Gobierno tiene como su plan más ambicioso cambiar el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, incrementando el poder civil en las decisiones de compra y en la supervigilancia del uso de los recursos, algo que no se ha logrado desde el regreso de la democracia.
“Es el mejor de los escenarios para cambiar a un sistema de control no sólo ministerial sino también democrático, por ejemplo, otorgándole a una comisión especial del Senado la facultad de revisar la planificación de las Fuerzas Armadas y su inversión”, añade Duval, quien cree que es “un error tener a ex uniformados como subsecretarios de Defensa”.