«Es una decisión lamentable e inentendible. Pone a nuestro país en dudosa compañía», aseguró el presidente del PPD y más reciente canciller del gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, luego de que se conociera la decisión de la administración de Sebastián Piñera de no suscribir al Pacto para la Migración impulsado por la ONU. Y es que la determinación del Ejecutivo, comunicada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el mismo día en que una delegación de tres parlamentarios se encontraba en Marruecos para la firma del acuerdo, levantó opiniones contrapuestas dentro de la arena política.

Muñoz ha asegurado que «el Gobierno contribuye así a erosionar el multilateralismo que ha sido tan importante para Chile», e igualmente duro fue el ex ministro de Relaciones Exteriores y actual senador, José Miguel Insulza: «La pregunta que nos hacemos es por qué el Gobierno no consultó esto con nadie», dijo. «¿Qué pasó con la política exterior de Estado? Estamos muy molestos, estamos en desacuerdo con lo que se ha hecho», añadió el ex canciller, quien aseguró que se encuentra «absolutamente perplejo» por una medida que consideró «completamente arbitraria y populista».

Como ellos, el también ex ministro de RR.EE, Ignacio Walker, calificó la decisión como «desconcertante y profundamente equivocada». «¿Hasta qué punto fue una decisión sustantiva, basada en el estudio de este pacto sobre migración, o hasta qué punto pudo haber tenido un fin político comunicacional para ganar algún terreno en el campo de la opinión pública sobre un tema que es altamente sensible?», planteó a Emol.

«Llevamos años discutiendo este pacto, hace seis meses que está disponible y en forma sorpresiva, antes de la firma, el Gobierno de Chile decide no concurrir, sumándose a un conjunto de países que están comprometidos con una actitud xenófoba, fuertemente ideológica y beligerante contra las migraciones», añadió.

Pero los ánimos en torno a la decisión tomada por Gobierno de Sebastián Piñera están revueltos, y ha generado tanto reacciones negativas como positivas. El analista internacional Guillermo Holzmann, por ejemplo, considera que la resolución tomada por el Ejecutivo fue «correcta, desde el punto de vista de que Chile igualmente lo puede suscribir después», afirma a Emol.

«Chile decide no concurrir a la firma, pero reconociendo que hay una tradición chilena en la cual el plan migratorio sí es relevante. Aunque reconoce que se trata de los derechos humanos del siglo XXI, también asume que se necesita tener una legislación adecuada para hacer frente a un pacto de esa magnitud, y ahí es donde Chile está atrasado», asegura.

A su juicio, la firma del pacto se habría transformado en un «error político». «Si bien es cierto que el pacto no es vinculante, el migrante entiende que hay un apoyo internacional a su causa. En esa perspectiva, Chile hoy tiene el desafío de tener una política pública de amplio espectro para poder abordar el tema migrante y poder asegurar a todas las personas el acceso a todas las prestaciones que no tiene», comenta.

Con él concuerda el académico de la U. Central, Samuel Fernández. «Chile debería darse un tiempo para poder examinar con mayor detención hasta dónde son compatibles las normas internacionales con las normas internas de los países. Una cosa es que Chile esté abierto plenamente a recibir migrantes y otra cosa distinta es que las normas pasen por encima de las disposiciones internas», plantea.

Se trata, para él, de un tópico que cobra relevancia en el escenario actual. «Hasta este momento, el desarrollo del derecho internacional y las migraciones no habían alcanzado este nivel», enfatiza.

Pero no todas las voces expertas están a favor de la polémica decisión. El pacto, que se trabajaba desde 2016, no es obligatorio ni vinculante, por lo que su firma no traía consecuencias directas para Chile. Sin embargo, el acto de firmar revestía, para los expertos, otra importancia: la «sistematización» de un «esfuerzo colectivo internacional» para enfrentar la migración.

Además de Chile, tampoco participaron Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria e Israel, entre otros. «No firmarlo es una pésima señal y un guiño horriblemente sexy a sectores políticos peligrosos que amenazan la estabilidad democrática y nuestra libertad», aseguró en su Twitter el abogado Alejandro Fernández.

Como él, el académico de la Escuela de Gobierno de la UDD, Cristóbal Bellolio, tiene una opinión similar. «La señal política gruesa (…) es que Chile está en el bando antiglobalista, junto a retórica populista de Trump, Orban y Salvini, los que quieren ‘salirse de la ONU y los DD.HH.’», afirmó.

«Como profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, pero sobre todo como persona y como chilena, lamento absolutamente posición de Chile en Pacto Global de Migración», expresó por su parte la académica de la U. de Concepción, Paulina Astroza. Para el académico del Instituto de Estudio Internacionales de la U. de Chile, Gilberto Aranda, Chile «no solamente se aleja de la tradición multilateral que es parte de la política exterior de este Estado y que le es conveniente por su tamaño de mediana potencia, sino que se aleja de una tradición liberal, aproximándose más bien a sectores de discurso nacionalista», afirma a Emol.

También enfatiza en el carácter no vinculante del pacto. «Por lo tanto, no era obligatorio. Era más del tipo declaratorio de intenciones, y con esto Chile se resta. De alguna manera, se vuelve más hermético a la migración», concluye.

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