Las crisis políticas y humanitarias han generado grandes flujos migratorios y una dura respuesta de países que tradicionalmente habían defendido los derechos humanos.
El Parlamento húngaro aprobó el miércoles 20 de junio una serie de leyes que criminaliza no solo la entrada de refugiados, sino también a cualquier persona u organismo de derechos humanos que les brinde asistencia.
Las nuevas normas, que podrían entrar en vigor el 1 de julio, permiten a las autoridades húngaras -ignorando el Poder Judicial- arrestar y expulsar (o encarcelar hasta por un año) a cualquier persona que preste ayuda o consejo a migrantes o refugiados. Además, las fundaciones que provean recursos para ONG que trabajen en temas migratorios podrían enfrentar demandas legales.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, condenó esta ley, a la que calificó de «xenofóbica» y «un ataque a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Hungría».
Este país, sin embargo, tiene diez millones de habitantes y en él viven solo 3.555 refugiados. Hasta abril de 2018, 342 personas (principalmente de Oriente Medio) pidieron asilo y 279 de estos solicitudes fueron aceptadas. Aun más: la tasa de migrantes en Hungría es de 5,5 por cada mil habitantes en 2016 según Eurostat. Como comparación, Irlanda y Suecia, por ejemplo, tienen 17,9 y 16,4 migrantes por cada mil habitantes.
Este afán de Hungría de oponerse a la migración y a las instituciones que proveen asistencia humanitaria a migrantes y refugiados no es un hecho aislado: basta recordar el rechazo de Italia al desembarco de 600 refugiados que viajaban en barcos humanitarios (entre ellos, el «Aquarius»), que fueron finalmente aceptados por España. Austria también ha manifestado sus reparos a recibir migrantes y refugiados, y ha buscado aliarse con Italia y Hungría para generar un eje que restrinja la política migratoria. En Reino Unido, el exlíder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) dijo en 2017 que deberían copiar las medidas antiinmigración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; en Alemania, el ministro del Interior, que se opone firmemente a la migración, ha puesto en aprietos a la canciller Angela Merkel. Y al otro lado del Atlántico, la política de tolerancia cero a la migración por parte de Donald Trump ha sido tan polémica que incluso ha impactado su popularidad entre sus partidarios.
«Desde aproximadamente 2009, de acuerdo con los datos entregados por Eurostat, ha habido un proceso social de suspicacia respecto de los migrantes y de énfasis en políticas más autoritarias y de derecha», afirma el Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Según Larson, las razones son «multifacéticas», pero el miedo al terrorismo que ha afectado a Europa y su asociación del terrorismo al Islam es uno de los factores.
Para algunos votantes, este temor puede ser comprensible: en 2016, la Europol registró 142 ataques terroristas fallidos, evitados y concretados, más de mil detenidos y 142 víctimas fatales. Sin embargo, en 2016, los atentados en Occidente fueron solo el 2,5% de todos los que se registraron en el mundo y el 75% de los ataques terroristas ocurrieron en solo diez países: Afganistán, India, Pakistán, Filipinas, Somalía, Turquía, Nigeria, Yemen y Siria.
Aun así, según Larson, la gran oleada de refugiados sirios que buscan asilo en el continente europeo, episodios como la agresión sexual masiva durante la Nochevieja de 2015 en Colonia, Alemania, o los seis ataques terroristasperpetrados el 13 de noviembre de 2015 en París, alimentan los discursos de partidos de tinte nacionalista que utilizan estas transformaciones culturales como una oportunidad electoral. «El fenómeno, por ende, es más orgánico porque hay cierta tendencia (que sigue siendo minoritaria) respecto de tener posiciones más duras e inflexibles respecto de los migrantes», afirma Larson.
En Alemania, la canciller Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), está atravesando un período de alta incertidumbre políticamente justamente por materias relacionadas con su política de migración. El tradicional aliado bávaro de la CDU, la Unión Social Cristiana (CSU), ha puesto condiciones elevadas para mantener esa alianza y es posible que las rompa antes de las elecciones de octubre en esa zona de Alemania, con lo cual el mandato de Merkel al frente del país, vigente desde 2005, podría tener un abrupto fin.
La desconfianza en las instituciones democráticas
De acuerdo con el Informe Anual 2017 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en un solo año los refugiados aumentaron en tres millones y un total de 68,5 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a abandonar sus hogares.
Según informa El País de España, un estudio del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (publicado el 20 de junio de este año), que analizó 30 años de datos de los principales países europeos, llegó a la conclusión de que «los migrantes en general y solicitantes de asilo en particular tienen un efecto positivo en variables como el producto interior bruto, impuestos y hasta el empleo». De hecho, la conclusión general es que cuando la tasa de migración aumenta en uno sobre mil habitantes, el PIB per cápita mejora en 0,32% el segundo año después de la llegada.
Según el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, el respeto de los derechos humanos se ha debilitado por varios factores. Entre ellos estarían los líderes políticos que difunden «mensajes de odio y exclusión» y «alimentan la desconfianza en las instituciones democráticas» y el hecho de que muchos países occidentales estarían abandonando la lucha por la defensa de los derechos humanos para encerrarse en sí mismos, «dejando un mundo cada vez más fragmentado».
De acuerdo con Larson, los reportes de Human Rights Watch y la Comisión Europea apoyan la tesis de que Europa vive una creciente xenofobia ante «la mayor crisis global de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial» (como afirma la institución de defensa de los derechos humanos). Sin embargo, «la medición dependerá de la pregunta, porque habrá personas que se sentirán incómodas frente a la presencia de un extranjero (pero silenciarán o no harán nada al respecto) y otras que actuarán contra el extranjero, a veces de forma violenta», dice el académico. De hecho, solo en Alemania, el gobierno ha cifrado en más de 2.200 los ataques a refugiados y hogares de refugiados (muchos de ellos incendiados) durante 2017. Aun así, la cifra disminuyó respecto a 2016: ese año se contabilizaron más de 3.500 ataques de ese tipo.
Para Larson, la solución a las crisis humanitarias pasa por diversos factores. A corto plazo, lo que debería hacerse es aumentar los países receptores de refugiados: «Países como Omán o como Arabia Saudita se niegan a aceptar refugiados sirios. Y si se va más allá, países de Asia Central como Kazajistán o Tayikistán, hacen lo mismo», explica.
A mediano y largo plazo, en cambio, el término de la crisis de refugiados implica acabar con los conflictos en los países de origen. Y esto puede ser complejo, porque las guerras civiles suelen durar más que los conflictos interestatales. En el caso de Siria, «no se ve realmente que vaya a haber solución por el próximo año y medio e incluso dos años. En la medida en que estos conflictos se resuelvan, o al menos se generan condiciones de seguridad, debiéramos observar una disminución de la tendencia mundial», concluye Larson.
