“Un tercer asalto al Estado”. Asíresumeun ex diputado y ex DC, el proceso de “instalación” del Gobierno que, como admitió la vocera Cecilia Pérez, enfrenta “dificultades” desde su primera semana.

Se han visto señales: intendentes pidiendo la renuncia a cargos escogidos a través de Alta Dirección Pública; auto-ridadesque acusan “amarres” y reclaman por los operadores pol íticos que se resisten a salir; la directiva de la Anefvi-gilantey listapara defenderá sus funcionarios ante un inminente despido…

¿Algo nuevo? No y sí. En los anteriores dos cambios de mando-Sebastián Pinera 2010 y Michelle Bachelet 20U1-, alrededor de 12 mil personas salieron de sus cargos en los dos primeros años, alborotando el clima político. Cómo no. Los analistas y expertos coinciden en que para armar Gobierno en nuestro país un mandatario necesita 2 mil o 3 mil nom- bramientos. No más. Y aunque las comparaciones resulten odiosas, valen: en Estados Unidos, cuando entra una nueva administración instala 3 mil funcionarios. Acá lo triplicamos y cuadruplicamos.

Si cambia el signo del gobierno y la orientación política, obvio que la prim era línea de autoridades será re-
novada. De la mano llegarán también otros nombres para ocupar cargos de confianza, como jefes de gabinete o de prensa, directores de servicios, equipos técnicos y asesores, entre otros. Habrá, además, movimiento entre funcionarios de la administración pública, profesionales, administrativos y operadores políticos,
pero ¿12 mil personas?

ARMANDO EQUIPO

Un estudio dé la Dirección de Presupuesto, Dipres, difundido en marzo, afirma que en 2007 el Gobierno central -incluyendo personal a honorarios y contrata- tenía 202.8% empleados. Entre ese año y 2016 subió a 2%.080 (‘15%), siendo de planta solo el 30%. El resto funciona entregando boletas o con contratos anuales.

La gente a honorarios dice el documento, “se ha mantenido relativamente constante, como porcentaje del total de trabajadores del Gobierno central”. Los a contrata, en cambio, aumentaron de manera “sostenida, contrastando con la disminución de funcionarios de planta”.

En 2016, producto de un acuerdo trabajadores-Gobierno, se traspasó a esa categoría a 16 mil funcionarios que boleteaban. Carlos Insunza,presidente de la Anef, recuerda que eso surgió durante el último año del mandato piñerista, con un compromiso suscrito con el titular de Hacienda, Felipe Larraín. “Fue un avance, garantiza al menos los derechos sociales”, dice, aunque mantiene una condición de precariedad, que es renovarse o no cada año.

Por otro lado, como parte de un acuerdo político pro agenda de modernización del Estado, reducción de la rotación de directores de servicios y anti-captura del Estado por operadores políticos, se creó el sistema de Alta Dirección Pública, ADP, en 2003. Lo encabeza el Director Nacional del Servicio Civil e integran cuatro consejeros, designados por el Presidente de la República con acuerdo de 4/7 de los senadores en ejercicio. Duran seis años, son elegidos alternadamente cada tres y tienen inamovilidad. Ellos seleccionan y forman las ternas que presentan al Ejecutivo.
Esto -que empezó después de conocido el Caso Mop-Gate- redujo el número de nombramientos que puede hacer directamente un jefe de Estado. Hoy dispone de 741 puestos de confianza. Pero otros 1.092 -también de confianza- se llenan a través de concurso de la ADP, para periodos de tres años que pueden renovarse solo una vez. También pueden ser removidos.

Con los años, la ADP fue agregando nombramientos: directores de Codelco. de Enap, de Concesionales y tribunales ambientales, entre otros(362). Y desde 2011, suma directores de colegios municipales (3.172) y 294 jefes de departamentos municipales.

En total, casi 5 mil puestos, establece el estudio de Betti-na Horst, del Instituto Libertad}’Desarrollo. Los más importantes son los de “primer nivel jerárquico”. Al empezar la ADP eran 93. Ahora, 124.

Cuando Lagos entregó el mando a Michelle Bachelet había 14 cargos escogidos por ADP. La Presidenta desvinculó a uno.

Cuando Bachelet traspasó el poder a Piñera había 73. Salieron 16.
Cuando Piñera devolvió el mando a Bachelet, eran 83. Ella cambió a 68.

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