El Crédito con Aval del Estado (CAE) es la piedra de tope que tiene a la reforma a la educación superior dependiendo de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Partido Comunista para mantenerse con vida en el Congreso. Esta ayuda estudiantil -creada en 2005- se transformó en un problema luego de que parlamentarios, rectores y estudiantes exigieran su eliminación.

La Presidenta M ichelle Bachelet salió al paso del debate para asegurar que «queremos terminar con el CAE, tenemos una enorme misión para seguir con la gratuidad y lograr que mientras los recursos lo permitan, pueda seguir creciendo».

Una propuesta concreta que permita terminar en 2018 con este crédito daría luz verde a los diputados comunistas para dar su aprobación a la idea de legislar la reforma a la educación superior.

Principales críticas

Estudiantes y parlamentarios coinciden en que la principal razón para exigir el fin del CAE es el endeudamiento. De acuerdo a los datos de la Comisión Ingresa, entidad encargada de administrar este beneficio, de los 304.235 jóvenes que están en etapa de pago del crédito, un 37% mantiene una deuda con la banca.

Este porcentaje es mayor si sólo se ve la situación de quienes desertaron de sus estudios: más de 70 mil personas que fueron beneficiadas con el crédito abandonaron sus estudios. De ellos, el 70% mantiene una mora.

La cifra baja cuando se observa a quienes egresaron de la educación superior, número que alcanza los 233.627. Aquí, sólo el 28% mantiene una deuda.

Una de las razones de la baja morosidad en quienes ya están egresados, es el cambio que se hizo a partir del 2011, cuando se redujo la tasa de interés del crédito de un 6% a un 2%. A esto se sumó la reducción de las cuotas al 10% de la renta de los beneficiados.

Carlos Williamson, investigador de Clapes UC, señaló que el cambio se realizó luego de que un estudio del Banco Mundial, en 2010, señaló que había una tasa de morosidad muy alta entre los egresados «ya que la cuota fijada era muy elevada, por lo que no tenían posibilidad de pagar. Eso se corrige el 2011 cuando se establece el tope del 10%».

Para Mauricio Bravo, investigador de la U. Del Desarrollo (UDD), el alto número de morosos entre quienes desertaron está relacionado con la falta de un título «que les permite hacerse cargo de la deuda».

Bravo señaló que la idea inicial del préstamo «abría una oportunidad para personas vulnerables que antes no tenían crédito y que ahora pudieron estudiar , aumentando la cobertura». Pero el proceso no estuvo bien regulado, por lo que las altas tasas de interés de los bancos se traducían en un sobre endeudamiento de los jóvenes.

El investigador remarcó que la morosidad del crédito es mucho más baja que la del Fondo Solidario -que se entrega a los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores- porque la banca privada «tiene incentivos para que quienes deben pagar lo hagan cuando corresponde, a diferencia del fondo solidario que está en manos de universidades que no tiene competencias para que se preocupen de que paguen».