En una reunión desayuno, un entrevistado, antes de la primera pregunta, miró su pedazo de pan francés, y dijo con seriedad: “Aprovechemos que son las últimas”. Esa misma mañana, el periodista ve en la calle una contradicción de la vida y las normas: dos sujetos “desayunando” una empanada y una lata de cerveza que compraron sin ninguna restricción a tempranas horas en algún supermercado.

Esta semana se conoció la medida del Ministerio de Salud que, según algunos apocalípticos, pondría en peligro el futuro del pan francés -marraqueta para los afuerinos- tal como lo conocemos. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se exige que en la composición del pan el sodio no supere los 400 milígramos por cada 100 gramos de masa, cuando la marraqueta tiene cerca de 700 miligramos.

La discusión es amplia y cruza desde los argumentos respectivos a la salud de la comunidad, versus las libertades de las personas para acceder a un producto tradicional en la cultura chilena. Pero en términos políticos, algo que complica es el rechazo ciudadano, y desde que las redes sociales son accesibles a casi la totalidad de la población, los emplazamientos a las autoridades son de manera directa.

Y a diferencia de otras propuestas del Minsal contra la azúcar o incluso el tabaco, la reacción de rechazo de la ciudadanía tendió a ser unánime.

La doctora en Ciencia Política y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Lesley Briceño, señala que “dentro del conjunto global de la preocupación por vivir sano, esta es una política pública que se está desarrollando a nivel mundial. La ONU tiene un programa debido a que la obesidad sería uno de los problemas que aquejan al mundo”.

Pese a que es una política global, el impacto que tiene culturalmente en cada país es distinto, así lo expresa la académica: “Hay legislaciones o medidas que limitan demasiado la libertad de las personas para poder elegir.

Esto tiene que ver con que el Estado te diga lo que tienes que comer o evitar. Todos estamos de acuerdo que hay que mejorar la calidad de vida, pero en el caso de Chile, el país que mayor consumo de pan tiene, afecta directamente a la ciudadanía y a la sociedad civil. Finalmente se transforma en algo impopular porque afecta a la gente”.

Pero antes de esta polémica, hay múltiples casos de proyectos de ley o medidas que no gozan del agrado de la ciudadanía o algunos sectores más acotados, los que tienen en común el haber terminado en modificaciones para resolver los conflictos.

En octubre son las elecciones municipales en nuestro país y cada vez está más cerca el período de propaganda electoral.

Este año se aprobó una nueva ley que rige las campañas políticas, la que establece límites en lo que se puede y no se puede hacer. Al momento de redactar el proyecto, el problema fue que los parlamentarios al parecer olvidaron especificar las normas relativas al uso de redes sociales para mediatizar la campaña de cada candidato.

Tras esto, el Servicio Electoral difundió entre los inscritos para las municipales, un manual especificando las prohibiciones. Entre estas se especificaba que no se podía hacer propaganda en medios digitales. El rechazo a lo estipulado por el Servel llegó de inmediato. Paradójicamente, incluso algunos parlamentarios criticaron la decisión. Todo esto se dio debido a que al momento de interpretar la ley, el Servicio Electoral descartó el uso de redes sociales porque no figura en la ley aprobada por los congresistas.

Finalmente, luego de la polémica, el organismo revirtió la decisión permitiendo el uso de las plataformas. “Se podrán efectuar comunicaciones privadas tales como: correos físicos o electrónicos, llamadas o mensajes telefónicos o las que se realizan por medio de Internet a través de redes sociales, ya que no constituyen “manifestaciones públicas” y, por ende, no son propaganda electoral, según la definición de la actual legislación”, comunicaron.

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