Uno de los problemas básicos de las políticas públicas es cuando éstas se construyen sobre una visión abstracta del hombre, olvidando que las personas son de carne y hueso y que a veces enfrentan situaciones indignas. Cuando eso ocurre, las políticas se vuelven inefectivas, y en el peor de los casos, ilegítimas.

En materia de salud, por ejemplo, la carencia de recintos asistenciales y los atrasos en la construcción de hospitales tienen una consecuencia directa en las personas más vulnerables.

Recién asumido, el Gobierno tomó la decisión de desechar las licitaciones en curso para la construcción de seis hospitales concesionados, procesos que de haberse continuado estarían en obra y sumarían 2.500 camas al sistema público. La autoridad planteó entonces que tales proyectos debían llevarse a cabo como obra pública directa. ¿Cuál fue el problema? El atraso que implicó esa decisión para el desarrollo de los hospitales, los cuales hoy están paralizados o en etapas iniciales de licitación.

Pese al traspié ocurrido con los hospitales concesionados, el Ministerio de Salud asumió hace pocos días el compromiso de construir y entregar 27 nuevos hospitales en el período de gobierno. Considerando que el 2014 fue “de diagnóstico”, lo que en cierto modo podría considerarse perdido, y que a mayo de 2015 se registra sólo un 4,8% en la ejecución presupuestaria de inversión, el panorama se ve muy complejo. Al paso que vamos, nos tendremos que conformar sólo con 12 hospitales de los 27 anunciados por la autoridad.

El real impacto llega cuando vemos estos problemas a escala humana. La deficiente gestión que ha mostrado el Gobierno en salud ha generado atrasos significativos en inversión y en atenciones. El último año la lista de espera de prestaciones Auge se ha casi triplicado, alcanzando 13 mil; la lista de espera de cirugías “no Auge” escaló desde tres mil a casi 130 mil; y la de quienes aspiran a consultar un especialista supera 1.300.000 personas. Además se han registrado 11 paros de funcionarios, incluyendo la reciente movilización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud que duró tres semanas, provocando la postergación de 3.240 cirugías y 2.500 consultas.

Las buenas políticas públicas requieren sentido de realidad y conocimiento respecto de las limitaciones institucionales y técnicas existentes. De no ser así, las decisiones públicas corren el riesgo de transformarse en afanes voluntaristas o en errores. En esta línea, no parecen suficientes las explicaciones de la Ministra de Salud, Carmen Castillo, al señalar que al asumir los compromisos “no vimos el peso pesado que se nos venía”. Las autoridades deben saber escuchar para anticipar los problemas y buscar alternativas. Quizás es tiempo de plantear nuevas soluciones que agilicen las inversiones.

Independiente de los motivos ideológicos o técnicos que cada Gobierno pueda tener, hay ciertas decisiones que exigen anteponer una visión de urgencia para resolver los problemas que afectan especialmente la dignidad de las personas, sobre todo cuando los afectados son vulnerables y pobres, y no tienen otra alternativa que aquella que les ofrezca el Estado.

Publicado en La Tercera 09/06/2015