La situación del Liceo Pablo de Rokha, en La Pintana, es reflejo del inadecuado modelo de financiamiento en educación escolar y de la falta de competencias para gestionar con excelencia. Muchas veces es el alcalde quien, con escaso o nulo conocimiento, se hace responsable de administrar instituciones escolares donde el mejoramiento del aprendizaje es bastante más complejo que velar por los asuntos domésticos que supervisa la municipalidad. El director de un colegio es concebido como agente pasivo dedicado a asuntos administrativos con escasa autonomía, mientras el alcalde es visto como el patriarca que posee el patrimonio y tiene la posibilidad de invertir en cuanto proyecto estime conveniente. Los profesores son concebidos en el papel como especialistas de la educación, pero en la práctica están angustiados por rendir en un sistema cada vez más competitivo, sin tener acceso a la gestión de recursos y, menos aún, a la administración de su propio quehacer para cumplir las metas.

En consecuencia, al analizar el mecanismo para financiar colegios, especialmente municipales, es necesario delimitar responsabilidades y generar un sistema de autogestión donde se traspase, independientemente del tipo de financiamiento parte de la responsabilidad en administración de estos fondos a cada comunidad escolar, para que el director y su equipo puedan vivenciar la autonomía de su profesión, acorde a sus necesidades particulares.