El denominado conflicto mapuche tiene, en su dimensión actual, un origen mucho más reciente de lo que el comúri de la ciudadanía cree. Basta una revisión de los estudios de Guevara y Latcham a comienzos del siglo XX, pana darse cuenta de ella Si bien la génesis del problema está en la Guerra de Arauco, los factores que lo reflotan, reformulan y agudizan datan del Gobierno de Patricio Aylwin, el primer mandatario en impulsar una política de restitución de tierras a etnias originarias de Arauco al sur. Por el mismo período, comienzan a llegar extranjeros (vascos, catalanes, franceses, italianos) y ONGs europeas, que influyen en las comunidades, sembrando un germen ideológico de reivindicación territorial y separatismo, que apunta a la creación de una nación mapuche con soberanía, Dicho esto, es pertinente aclarar que se trata de la postura de una elite indígena minoritaria y que no tiene una viabilidad histórica, porque la realidad es que la mayoría de la población mapuche se ha integrado desde hace muchos años a la vida nacional El mapuche es un chileno más.

De esa confluencia de estímulos y factores internos y exógenos, que nunca se había dado antes de 1990, surge el conflicto que en los últimos años ha llegado a su climax, con actos de violencia contra bienesy personas (que costaron la vida al matrimonio Luchsinger McKay) y con la política del intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien pidió perdón a nombre del Estado por la usurpación de tierras.

Es efectivo que a contar del siglo XDÍ se dio un proceso de tierras mal habidas.

Hubo aprovechamiento, no del Estado sino de particulares, para apropiarse de propiedades mediante estafa, abusando de la ignorancia, inocencia o aun el alcoholismo de propietarios indígenas.

Históricamente, el pueblo mapuche estuvo dividido en clanes, y ello se ha mantenido. La agudización del conflicto no promueve un debilitamiento del Estado, pero genera entre los propios mapuches un clima de violencia, destrucción y terror. Terror viendo la acción de comuneros que queman un camión. Terror de operativos policiales dentro de las mismas comunidades.

Lo único que puede lograr soluciones reales es conversar. El Estado debe asumir un rol más activo para que el indígena pueda tener tierras, pero la tierra por sí sola no sirve. Se necesita más capacitación, educación e integración para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y también de una mejor labor de inteligencia estatal para separar la paja del grano.

ANDRÉS MEDINA Doctor en Historia Universidad Católica de la Santísima Concepción Esta semana, la interpelación al ministro Peñailillo por el actuar del intendente Huenchumilla y la violencia que se registra en la «zona del conflicto» se convirtió en el acontecimiento político que ñie motivo de debate nacional. Dejando de lado 1a coyunturay los análisis que se pueden hacer sobre ella, el tema de fondo es mucho más complejo y la responsabilidad de la proiiindización del conflicto no se debe ni al gobierno actual ni al anterior.

La génesis de este conflicto data desde fines del siglo XK, con lo que nuestra historia nacional denomina «pacificación de la Araucanía», que de acuerdo a numerosos historiadores, no es otra cosa que la ocupación y asimilación forzosa del pueblo mapuche a la sociedad chilena y occidental.

El problema de fondo; más allá de temas de pobreza, tenencia de tierras y diferencias de comunidades con sectores productivos, es que el conflicto mapuche interpela la misma idea del Estado nacional, y la necesidad del reconocimiento de una pluralidad cultural y étnica.

Mucho se ha hablado (y escrito) sobre la necesidad de paz y la búsqueda de soluciones al conflicto; en los últimos años, se ha avanzado en aspectos importantes, como la ratificación e iniplementación del convenio de la OIT 169 y el compromiso del gobierno para no aplicar la ley antiterrorista, tal como ha recomendado reiteradas veces el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Uno de los aspectos más importantes para este fin, tiene que ver con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Reconocer que además de los derechos individuales garantizados en la Constitución, se reconocen los derechos colectivos. Un tema que no deja de ser controvertido, por las implicancias políticas que conlleva su reconocimiento constitucional, y que va de la mano de la necesidad de la tan anhelada descentralización y regionalización a la que aspiran no sólo los pueblos originarios sino los que habitamos en regiones.

Reconocer que Chile es una nación multicultural, donde siempre han convivido diversas culturas, y que los pueblos originarios no se extinguieron al constituirse el Estado, sino que han logrado perpetuar su cultura, tradiciones y su propia identidad. Ello se debe apoyar con el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas al mundo indígena, pero elaboradas desde la cosmovisión propia del pueblo mapuche, en este caso, y que pueden ayudar a solucionar los problemas de pobreza y marginalidad de las comunidades.

27/07/2014