Como ya nos tiene acostumbrado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se ha presentado un proyecto que empodera como juez y parte al Ejecutivo, en lo que se refiere a la popular «defensa de los consumidores». Dejar afuera a los juzgados de policía local, e incluso tener la potestad de interpretar la ley, convierte a la agencia estatal en un potencial persecutor de comerciantes (entre otros) y, de paso, crea otra política que sigue en la línea de acentuar las desconfianzas toda vez que el Estado definirá las garantías y el debido proceso. «Los juzgados tienen una alta carga laboral y para un ciudadano común acudir a ellos puede ser engorroso», señaló la presidenta. En cambio, seguro que un burócrata financiado con los impuestos del ciudadano común sí tenga el tiempo necesario, y frente a este tipo de «abusos» tenga incentivos que excedan el rol que por ley le caben sólo a tribunales autónomos.

04/06/2014

Facultad de Gobierno
Carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas
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