Desde que el gobierno del Presidente Piñera puso urgencia al proyecto AVP, voces conservadoras han señalado que este estatuto debilitará a la familia y el matrimonio, apelando a la falacia que infiere desde el carácter elemental de la familia como unidad básica de la sociedad, el deber del Estado de protegerla.

Este argumento sostiene que la legalidad del vínculo marital es anterior y fundante de la institución de la familia, y que eso genera deberes al Estado. Eso es falso. La familia existe mucho antes que la institución estatal; durante miles de años las familias se reunían en clanes sin la existencia de contratos. Y en sociedades ya evolucionadas, las familias son un dominio doméstico privado; la autoridad pública no tiene potestad sobre esa autoridad privada.

Sostener que el deber de los padres de cuidar a sus hijos surge de un contrato y no del vínculo filial es no entender lo que significa ser padres. La legalidad del matrimonio lo único que persigue es proteger la propiedad asociada al vinculo. Y por lo mismo, el deber del Estado es proteger y asegurar esa propiedad, y no la familia en cuanto tal. Por lo mismo, dado que existen millones de personas que conviven, el Estado ofrece un marco legal ad hoc. Además, desde el punto de vista empírico llama la atención que todas estas voces conservadoras no hayan notado que cada día se casan menos personas, justamente porque esa legalidad ya no es vinculante (es letra muerta) y, no obstante, muchos padres igual cumplen sus deberes filiales que son espontáneos y no contractuales. Al mismo tiempo muchos firman ese contrato y, no obstante, no cumplen sus deberes filiales.

Los deberes promisorios asociados a la fidelidad nunca serán reducibles a un estatuto legal que, al parecer más que proteger a la familia, protege el imaginario de una determinada minoría.

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