La campaña del Gobierno para la implementación de la nueva Ley del Tabaco promueve el siguiente eslogan: «Es un paso fundamental en un Chile que quiere avanzar con todos y que incentiva a elegir no fumar». Como en todas las campañas, la palabra «fundamental» es, precisamente, fundamental: se quiere indicar así que sin esta ley, no es posible el logro de un determinado objetivo. No obstante, todas las iniciativas antes aplicadas parece que no lo fueron tanto. A modo de ejemplo, entre 1994 y 2008, período en que también se introdujeron campañas «fundamentales» contra el cigarrillo, el consumo se mantuvo prácticamente inalterado: 41% en 1994 y 41,1% en 2008. Pero eso no es todo. La tasa de mortalidad atribuida al tabaco entre 1985 y 2005 prácticamente no sufrió variaciones significativas, pasando de 98 por 100.000 habitantes a 92 en 2005. Todo ello permite señalar que, al parecer, las evaluaciones previas a aplicar las legislaciones no fueron las adecuadas. Por otra parte, llama la atención que, al menos en América Latina, Chile posee los niveles de prevalencia más altos, a pesar de la gran variedad de cuerpos legales cuyas restricciones «La ley, para ser efectiva, tiene que ser prudente y sobre todo apegada a lo que la evidencia científica nos dice sobre cómo regulamos con eficacia ciertas conductas».
Ello significa que algunos elementos más complejos están involucrados en el consumo y que la ley no necesariamente los resolverá.
La segunda parte del eslogan dice que la campaña «incentiva a elegir no fumar». El sentido común nos dice que una prohibición no puede ser considerada como una elección. Ciertamente, podemos elegir no cumplirla, pero suponemos que cuando se limita o anula la voluntad no estamos en presencia de un acto libre propiamente tal. En buenas cuentas, tal vez se trata de un lapsus linguae de sus diseñadores. Pero, más allá de los eslóganes, cabe preguntarse qué viene hacia adelante tras esta nueva iniciativa antitabaco. Por lo pronto, de no observarse cambios en las tendencias de consumo, y para qué decir disminuciones, es probable que nuevas propuestas «fundamentales» sean promovidas. Segundo, por razones completamente distintas, las reformas tributarias que necesiten los nuevos gobiernos para cumplir con sus promesas de campaña invocarán la salud pública para aumentar los impuestos al tabaco. Es interesante notar aquí, para quienes creen que los fumadores se aprovechan del resto, que los impuestos tributarios provenientes del tabaco alcanzan unos US$ 1.400 millones, aproximadamente el 23% del presupuesto de Fonasa y el 12% de todo el presupuesto de salud. Ciertamente en la elaboración de políticas siempre intervienen consideraciones éticas. Y si bien en este caso el objetivo sería la protección de los no fumadores, lo cual nadie discute, la pregunta es si acaso no se quiere además proteger a los fumadores.
En cuanto a los primeros, lo que sí es fundamental es que ello se haga a través de mecanismos que promuevan la libertad; por ejemplo, lugares sólo para fumadores, y, si ello tiene efectos en la demanda, serán los propios proveedores de servicios quienes se encargarán de ajustarse a ella incluso a costa de los fumadores. Si el propósito es «salvar» a los fumadores, ello trae consigo una serie de cuestiones. Por lo pronto, ¿no debiéramos mejor prohibir de una vez todo el consumo —y, ciertamente perder también los cuantiosos recursos fiscales que aporta—? ¿No debiéramos al menos prohibir el consumo doméstico, para proteger a los hijos? ¿No habría que castigar también a quienes practican deportes riesgosos y prohibir el uso de automóviles a ciertas horas? De acuerdo a esa lógica, probablemente sí. No obstante, no hay que olvidar que la ley, para ser efectiva, tiene que ser prudente y sobre todo apegada a lo que la evidencia científica nos dice sobre cómo regulamos con eficacia ciertas conductas. Desde luego, hasta el momento, sólo hablamos de restricciones y muy poco de mejorar nuestra inversión en tratamiento y prevención.
Publicado en Diario La Segunda, Santiago de Chile.
