El debate sobre las drogas que abrió el ex Presidente Lagos no puede obviar que este mercado ya es el resultado de una política prohibicionista. Basta revisar Google Images para ver la publicidad existente en el siglo XIX en Alemania o Inglaterra, en un mercado de drogas libre, donde las farmacéuticas competían con productos con fines terapéuticos, que iban desde analgésicos hasta bebidas estomacales y estimulantes. La llamada «guerra contra las drogas» está justificada porque éstas producen adicción y el crimen común está asociado a su consumo. No obstante, la prohibición ha traído costes a nivel de muertes entre bandas criminales, gasto policial y pérdida en ingresos fiscales vía impuestos, a lo que se suma el incentivo a la organización criminal de gran escala. En los países productores de drogas, la corrupción ha permeado sus raíces institucionales en todos los niveles.

 Por eso el argumento que sugiere eliminar la política prohibicionista, y regular rigurosamente, no se centra en el aspecto del consumo, sino en una cuestión de derechos humanos, que en el orden de importancia sobre los principios que deben guiar la política de Estado, es prioritario respecto del problema de salud pública. Basta regular las actividades bajo el efecto de las drogas (por ejemplo, conducir automóviles), su consumo en lugares privados y enfocarse en la edad de inicio, aumentando las sanciones a la provisión de menores (lo que sí es un problema).

Lo anterior implica revisar los tratados internacionales, como proponen Schmidt-Hebel y Guzmán (2013), ya que éstos no permiten legislaciones que contravengan la prohibición.

15/11/2014