Las últimas semanas han arrastrado una serie de consecuencias a la gestión del gobierno. No sólo la desaceleración económica y la desesperada aparición de la Presidenta y el ministro Arenas socializando su agenda de reactivación han generado un clima de duda en la opinión pública, sino también las urgencias del transporte público, las criticas de antiguos aliados, un clima social que olfatea inestabilidad y un futuro económico menos próspero que el de ayer han terminado por dejar la aprobación del gobierno, de acuerdo con la última encuesta Adimark bajo la temida línea del 50%.

Durante los últimos meses, analistas y académicos nos hemos preguntado cómo la segunda administración de Bachelet ha podido hacer la vista gorda a tantas señales de que sus reformas no son apoyadas por la mayoría de los chilenos; aval de esto son las encuesta CEP y UDD, por ejemplo.

De manera ciega, se han preocupado de descalificar cada propuesta alterna (que no necesariamente han sido contrarias, sino muchas veces complementarias).

Pareciese entonces que el vahente esfuerzo de Elizalde por justificar todo en aras de los resultados de la elección y las arriesgadas apuesta de Peñailillo no dieron resultado, pues la gente ya no está con ellos (ni padres ni alumnos, ni compradores o vendedores).

De esta forma, la Presidenta está en una cruel encrucijada, pues deberá poner todo su capital político personal sobre la mesa a fin de intentar reflotar un bote que se inunda de proa a popa o aceptar su mayor derrota… reformar las reformas.