El rol activo que ha jugado la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) en la discusión sobre la reforma educacional contrasta con el pobre protagonismo de los apoderados de los colegios municipales.

Si bien la última semana salió a la luz que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por los apoderados, que ordena a la alcaldesa Carolina Tohá impedir nuevas tomas del Instituto Nacional, no es de público conocimiento que mayoritariamente los padres de ese establecimiento no se han hecho parte del conflicto. Esto resulta sintomático si observamos el silencio generalizado de los apoderados que tienen a sus hijos en la educación municipal, lo que, a mi juicio ha permitido el rol protagónico que tienen sus hijos en la toma y en algunos casos, destrucción de colegios emblemáticos.

Si sumamos que el Estado propone planificar la inclusión social por la vía de la gratuidad e intervención de la educación particular subvencionada, tenemos un cuadro nefasto. Los padres que prefieren un copago por colegios que ofrecen disciplina se verían forzados a «elegir» un sistema donde aparentemente la responsabilidad de educar a los hijos es depositada sólo en los profesores y el Estado.

Hoy, en el mismo Instituto Nacional ha bajado dramáticamente la postulación y aumentado la deserción en cuarto medio, lo que pone en duda que sea la gratuidad lo que espera un padre responsable de la educación de sus hijos.