Según la última encuesta La Segunda-UDD, cuyos resultados publicamos el viernes, un 63% de los consultados prioriza la educación entre las tres reformas básicas anunciadas por la Presidenta electa, más del doble del respaldo a una nueva Constitución y seis veces el escaso apoyo (9%) al aumento de las contribuciones, pese a que éste se plantea justamente para financiar aquellos cambios.
Esto confirma una vez más el interés social en la materia y justifica la promesa de que el envío al Congreso de tal iniciativa sea una de las medidas que habrán de adoptarse en los primeros cien días de su mandato. Ya se ha dicho que el rechazo a la propuesta del actual Gobierno sobre la subvención preferencial para los 3o y 4o medios y el «congelamiento» de varios de los proyectos educacionales pendientes en el Parlamento se deberían al nuevo enfoque que tendría dicha reforma, cuyo contenido final urge conocer. Ahora bien, el énfasis de los movimientos estudiantiles que pusieron en tabla el tema ha estado en la enseñanza universitaria y en el fin del lucro, y en el programa de Bachelet se insiste también en terminar con el financiamiento compartido y la selección en el ingreso de la educación media, así como con la administración municipal de los establecimientos, además de avanzar en la gratuidad universal del nivel superior y crear en regiones dos nuevas universidades estatales y varios centros públicos de formación técnica.
Algunas de estas materias pueden suscitar discrepancias internas en la Nueva Mayoría, y por esa razón señalábamos que allí habrá una primera «prueba de fuego» para la lealtad a la Mandataria de sus parlamentarios.
Sin embargo, desde el punto de vista del bien general del país, lo que debe preocupar es sobre todo una adecuada prioridad de objetivos dentro del marco global de la reforma, algo en lo que ya se ha insistido durante la actual administración. Así, cabe dar preferencia al nivel preescolar, hasta ahora el menos atendido; reforzar también la educación básica y media, y —dentro de esta última y la superior— la de carácter técnico, en vez de otorgarla, como se ha hecho mayoritariamente, a la universitaria. Es cierto que los sectores medios, principales sostenedores de las demandas sociales sufren vivamente el costo de las carreras profesionales y ello explica los cambios ya logrados en cuanto a créditos y becas, pero otros aspectos sustanciales se están quedando atrás.
En el ámbito infantil o preescolar hay ya consenso sobre su importancia, aunque falta mucho por cubrirlo, pero la desmunicipalización del nivel escolar mediante entidades técnicas o, como equivocadamente busca parte de la Nueva Mayoría, reestatizando, es un asunto pendiente. Aun más grave es la situación del profesorado, como lo muestran las pruebas PISA e Inicia, con todo lo que ello implica en su formación y luego en el déficit de resultados en el aula, donde finalmente se juega la esencia del problema. Es posible avanzar allí sobre la base del proyecto que está en el Congreso pero el peso del gremio en el próximo oficialismo no facilita los cambios profundos que se requieren. En síntesis, sin descuidar las necesarias soluciones en el plano económico que se debaten, el desafío de fondo sigue estando, casi intocado, en mejorar la calidad de la educación chilena.
Publicado en diario La Segunda el 23 de Diciembre del 2013.
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