Un año después de su promulgación, el Gobierno busca modificar la cuestionada norma que impulsó para establecer un cese obligatorio de funciones para trabajadores del sector público, a los 75 años. Esta vez, nuevamente a través de la ley de reajuste al sector público, pretende constituir excepciones para este retiro forzoso mediante “precisiones y modificaciones” a la norma. Originalmente, el argumento de la autoridad para avanzar en este sentido fue que “la gestión pública se ve resentida por el envejecimiento del personal”.

Entre las modificaciones se propone, por ejemplo, un cambio específico para el funcionamiento de las universidades estatales, donde la causal de cese de funciones no aplicará para “autoridades unipersonales” ni “académicos de excelencia”. El propio Presidente Gabriel Boric ya había adelantado un cambio en este sentido durante su participación en la ceremonia de aniversario de la Universidad de Chile, tras escuchar los planteamientos de la rectora Rosa Devés respecto a resguardar la autonomía universitaria.

Las dudas que surgen

No obstante, desde el punto de vista de los especialistas, estas modificaciones no resuelven las dudas de fondo. De hecho, plantean que, al sumar determinadas exclusiones, se está ratificando que la edad en sí misma no es un impedimento para el buen desempeño laboral. “Representa un avance al reconocer que la edad cronológica no determina por sí sola la capacidad de las personas. Sin embargo, es una corrección limitada, pues no enfrenta el problema de fondo y lo reconfigura mediante excepciones. En lugar de eliminar una regla arbitraria, la norma reserva el derecho a seguir trabajando a un grupo específico”, observa Mauricio Apablaza, director ejecutivo del Cipem-UDD-Los Héroes.