Un año después de su aprobación, la modificación legal que establece un retiro forzoso de sus labores a todos los funcionarios públicos —incluyendo a aquellos de universidades estatales— a los 75 años sigue recibiendo críticas.

Esta disposición fue impulsada por el Ministerio de Hacienda, que por entonces lideraba Mario Marcel, en la Ley de Reajuste al Sector Público del año pasado. En ese momento, el Ejecutivo argumentó que “la gestión pública se ve resentida por el envejecimiento del personal”. Sin embargo, las señales recientes del Ejecutivo dan cuenta de una preocupación creciente por el acelerado envejecimiento de la población que, desde la mirada de los expertos, entra en conflicto con esta limitación.

La norma cuenta con el apoyo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), pues vino a complementar el “incentivo al retiro” impulsado desde la organización en las mismas tratativas, donde se consagró un aporte monetario para todos aquellos mayores de 65 años en el sector público que opten por renunciar a sus labores.

Las estimaciones del Cipem (Centro de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores) UDD-Los Héroes —en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)—, cifran en 1,2 millones a las personas de 75 años y más en Chile, lo que equivale al 5,8% de la población nacional. De este grupo, un 8,1% forma parte de los ocupados, y unos 3.400 se desempeñan en el sector público.