El Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo realizó el Seminario Internacional “El Derecho a la Innovación en Salud: Desafíos en el Acceso a Terapias de Alto Costo”, instancia que reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales del mundo jurídico, sanitario y académico para analizar los desafíos éticos, financieros, regulatorios y clínicos que acompañan la irrupción de nuevas terapias avanzadas en Chile y la región.
La directora ejecutiva de CIPS, Paula Daza, dio la bienvenida destacando la urgencia de abordar con seriedad la intersección entre salud pública, innovación y políticas públicas.
“El acceso a tratamientos innovadores —especialmente aquellos de alto costo— plantea preguntas profundas: ¿cómo garantizamos equidad?, ¿cómo aseguramos sostenibilidad?, ¿qué rol tienen los distintos actores en la definición de prioridades? Nuestro propósito no es solo describir el problema, sino avanzar hacia soluciones que pongan en el centro la dignidad de las personas y la sostenibilidad del sistema”, afirmó.
Política Pública vs. Judicialización en Salud
El primer panel analizó el creciente fenómeno de la judicialización y sus implicancias. Participaron el juez argentino Alfredo Silverio Gusman, la abogada integrante de la Corte Suprema de Chile María Angélica Benavides, y el gerente jurídico de la Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina, Juan Pierre Ganchegui, bajo la moderación de Marisol Peña, académica de la Facultad de Derecho UDD.
Los expositores coincidieron en que la judicialización, aunque reconoce derechos fundamentales, también tensiona la planificación sanitaria, altera prioridades y puede favorecer a quienes tienen mayores recursos para litigar. Se subrayó la necesidad de fortalecer agencias técnicas que entreguen información objetiva para apoyar decisiones judiciales y administrativas. “Si ud. me dice la judicialización es positiva le digo sÍ y no. SÍ porque reconoce un derecho fundamental en situaciones críticas y sensibles, pero es una respuesta individual. (…)Lo negativo es que estamos alterando prioridades sin la participaciones de todos los interesados y sin los más vulnerados que no pueden acceder a estas prestaciones”, dijo Silverino.
Benavides planteó que los problemas en Chile existirán mientras permanezca el artículo 20 y el 19 inciso primeros y Ganchegui contó la experiencia de PROMESA: una mediación que evita la judicialización. “Promesa no surge de un laboratorio teórico, surge como una necesidad critica frente a la inexistencia de remedios que brindaran una respuesta a lo que el poder judicial está haciendo; no quiere destrozar la litigiosidad, sino inaugurar un procedimiento que permitiera tener un lugar de información técnica clínica que los tribunales no poseen. En segundo término es tener un espacio donde los usuarios puedan intercambiar esa información, esto es un salto cualitativo en materia sanitaria y en tercer lugar es tener respuestas más amplias de la mayor diversidad. La medicación prejudicial es necesaria porque los tribunales no son los organismos aptos para dar una respuesta a esta problemática, lo que intenta esta medicación es un cambio de cultura”, dijo.
Acuerdos de Riesgo Compartido
El segundo panel abordó los avances en Chile y la región en la implementación de Acuerdos de Riesgo Compartido, instrumentos clave para viabilizar terapias innovadoras.
La Dra. Andrea Guerrero (MINSAL) explicó los avances normativos y técnicos para su implementación en el país, destacando el trabajo interministerial, el rol de ETESA y la necesidad de contar con plataformas transparentes y trazables.
Por su parte, Natalia Messina (Universidad ISALUD, Argentina) enfatizó que estos acuerdos requieren “soluciones disruptivas” y marcos normativos adaptativos que permitan incorporar innovación sin poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas públicos. Además destacó pilares a tener en cuenta para los acuerdos compartidos como el dialogo, el consenso entre todos y la decisión política.
El panel fue moderado por la Dra. Francisca Rodríguez, experta en acceso e innovación en salud.
Ética y Toma de Decisiones en Salud
El último panel abordó los dilemas éticos asociados a decidir qué tecnologías financiar, enfatizando la importancia de la transparencia, la evidencia y la justicia procedimental.
Participaron la Dra. Sofía Salas (Centro de Bioética Clínica Alemana–UDD) y el Dr. Antonio Vukusich, quienes subrayaron que la judicialización debe ser la excepción y que la toma de decisiones requiere considerar el mayor bien colectivo. Destacaron que no toda innovación puede financiarse y que es clave explicitar criterios para mantener la confianza pública.
Moderó el panel el Dr. Ricardo Ronco, pediatra, académico UDD y miembro del comité ejecutivo de CIPS. En la instancia también participó en una breve exposición Cristián Mazza, Presidente Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI).
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