Mantener los convenios de Modalidad Libre Elección, mejorar los indicadores de priorización de enfermedades y sanciones por incumplimiento: los cambios que sugiere Paula Daza a las indicaciones del Ejecutivo.

El 27 de mayo de 2019 se ingresó un proyecto de ley para crear el “Seguro de Salud Clase Media” a través de una protección financiera especial en la modalidad de atención de “libre elección” a los beneficiarios de Fonasa de los grupos B, C y D. El sentido más profundo de este proyecto era que, aquellos que formaban parte de la gran clase media en Chile, tuviesen la posibilidad de resolver los problemas más urgentes en salud a través de una protección financiera que les permitiera un copago proporcional a su ingreso familiar. Sin embargo, a fines de julio, el ejecutivo ingresó indicaciones a este proyecto (ahora en comisión mixta) para transformar el seguro catastrófico en un Sistema de Atención Priorizado (SAP).

En el día de recibir expertos, la directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza, expuso ante los senadores y diputados de la comisión, enfocándose en el análisis de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

Cambio en indicación Convenios

“La celebración de convenios con prestadores externos al SNSS no puede estar condicionada a la ‘disponibilidad presupuestaria’, tal como se manifiesta”, comentó Daza y explicó que “esto transforma, en la práctica, en algo discrecional para FONASA definir cuándo pueden establecer convenios y cuándo no”.

Para que esto funcione, lo que propuso CIPS-UDD es que el artículo primero transitorio ingresado por el ejecutivo se transforme en permanente. Este expresa que “Para el primer año calendario de vigencia del Sistema de Acceso Priorizado, el Fondo Nacional de Salud podrá utilizar los contratos y convenios con prestadores de salud que se encuentren vigentes o suscribir convenios de acuerdo con el inciso tercero del artículo 140 bis ya mencionado, para el otorgamiento de las intervenciones priorizadas.”

“Esto permitirá tener más y mejor oferta. Y aquí me quiero detener en uno de los mejores aprendizajes tras la pandemia. La colaboración público-privada en salud es de vital relevancia para dar atención de forma oportuna. Estamos enfrentando una crisis de nuestro sistema de salud que repercute directamente en cómo estamos previendo, tratando y diagnosticando patologías. Utilicemos este aprendizaje para generar convenios que resulten positivos a la disminución de todas las listas de espera que no son más que el resultado de un sistema público ineficiente”, comentó Daza.

Priorización

En la indicación ingresada por el ejecutivo, se plantea la priorización de las intervenciones que estarán en SAP. Y para esa priorización, consideran un estudio que evalúe:

– Análisis y priorizaciones de intervenciones no garantizadas en GES.

– Capacidad resolutiva de prestadores Fonasa y tiempo de espera de las personas de las intervenciones no garantizadas por GES del punto anterior.

– Oferta disponible fuera del SNSS para dichas intervenciones.

– Costo de dichas intervenciones.

Se entiende que los recursos son finitos y por tanto debe existir una forma de priorizar. Sin embargo, desde CIPS-UDD plantean que hay que mejorar y agregar otros determinantes de priorización a los presentados por el Ejecutivo. “Si los analizamos rápidamente, los cuatro criterios están asociados con determinantes, recursos y limitaciones del propio sistema de salud, olvidándonos de lo más esencial: las personas, sus pesares y la salud pública”.

Es crucial, entonces, que en los puntos que determinarán la priorización de intervenciones sanitarias, estén involucrados criterios de salud pública objetivos con una metodología sanitaria que ayude a determinar qué priorizar. Esto puede ir desde la incidencia y mortalidad hasta otros factores asociados al gasto de bolsillo.

Acción por incumplimiento

Analizando qué puede hacer la persona en caso de incumplimiento, es pertinente que las consecuencias para el mismo sistema sean más severas, pero, sobre todo, que sea resolutivo en el menor tiempo posible, argumentó Daza.

Debe establecerse, explicó, una consecuencia efectiva en caso de incumplimiento, si no, “vamos a tener listas de espera GES 2.0.  Por eso se propone agregar que, por el solo retraso, tras el tiempo que se estipule en la ley, el paciente pueda ir a centro privado a obtener su prestación y que sea FONASA que pague”.

Finalmente, la directora ejecutiva de CIPS-UDD invitó a reflexionar a los miembros de la comisión sobre la génesis de este proyecto y a trabajar en conjunto para que las indicaciones que se ingresen estén en concordancia con una protección financiera y atención oportuna de salud.

Revisa la presentación completa aquí.