El informe desarrollado por el economista de salud, Ricardo Bitrán junto con Moisés Russo y Rodrigo Muñoz fue presentado en un seminario de CIPS-UDD y muestra, a través de un estudio de caso, el impacto negativo en la protección financiera y estado de salud para los beneficiarios de Isapre y de Fonasa en caso de que una sola Isapre cese sus operaciones.

Un panorama poco alentador revela el informe basado en estudio de caso de una Isapre, analizando los datos de la entidad y proyectando qué pasaría si ésta cayera. Las consecuencias impactarían en el gasto de bolsillo de las personas, en el aumento de gasto del fisco y, lo peor de todo: en el deterioro de estado de salud y aumento de fallecimientos por falta de atención oportuna.

El informe analiza qué ocurriría con la mortalidad en los migrantes del sistema privado que lleguen a Fonasa si aumentaran en 12 semanas de espera el inicio de tratamientos quirúrgicos para tres cánceres. De esta manera, la mortalidad en cáncer de mama aumentaría de 56 fallecidos a 71, debido al mayor tiempo en las listas de espera. El mismo aumento se proyecta para el cáncer de colon, donde los fallecidos pasarían de ser 76 a 91; y en el cáncer de vejiga la mortalidad crecería de 23 a 27 fallecidos debido al tiempo de espera en tratamiento. 

Un escenario similar se ve reflejado en los tratamientos por enfermedades crónicas, incluyendo la esquizofrenia. Los investigadores mostraron el impacto en la salud de los pacientes con esta enfermedad. Si es que experimentaran una interrupción de más de 30 días del tratamiento antipsicótico activo, de los 280 pacientes de la Isapre que tienen dicho diagnóstico, siete tendrían un intento de suicidio en un año. Es más, si la lista de espera para su atención se prolonga: habría 21 intentos de suicidios de las personas que migrarían de la Isapre estudiada a Fonasa.

El estudio analizó que el aumento en la lista de espera no sólo afectará a aquellos que migren de Isapre a Fonasa, sino que también tendrá consecuencias en quienes ya son beneficiarios del sistema de financiamiento estatal, empeorando su calidad de salud y aumentando el número de personas que fallecen esperando ser atendidos por alguna prestación Ges o No Ges.

PROTECCIÓN FINANCIERA Y GASTO DEL FISCO

Con respecto al efecto que tendrá en la protección financiera de los afiliados, el gasto anual reflejará un alto aumento. Según el estudio de caso, si los beneficiarios de la Isapre analizada se viesen forzados a cambiarse a Fonasa y el 50% de ellos mantuviese su seguro complementario, su gasto anual de bolsillo se duplicaría, estimando que su gasto anual de bolsillo actual es de $335.658 en promedio, éste aumentaría en $669.393 tras su migración. Este aumento se explicaría en que los pacientes intentarían preservar su acceso a prestadores privados incluso por fuera de la Modalidad de Libre Elección de Fonasa, consumo que los actuales seguros complementarios cubren solo parcialmente.

El gasto en salud no sólo será mayor para los individuos, sino que también para el fisco. Habrá mayores licencias médicas de quienes migren a Fonasa por su empeoramiento en la salud, lo cual creará una brecha presupuestal aún mayor en el seguro público. El estudio simuló un aumento de Gasto de Fonasa en licencias médicas de 4,4% a 5,0%, situación que dejaría a Fonasa con un déficit anual de $250.000 millones.

“La política pública de hacer caer a las Isapres es una mala política pública. Nadie se verá beneficiado con esto, solo habrá perdedores”, concluye Ricardo Bitrán, “pierden los beneficiarios de las Isapres, los usuarios de Fonasa, los prestadores privados, y pierde también el Ministerio de Hacienda, ya que tendrá que recaudar impuestos suplementarios considerables para poder financiar el déficit que esta situación crearía”. 

“Lamentablemente, el problema del sistema de aseguramiento en salud se ha politizado demasiado”, afirma la directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza, “pese a los intentos de que fuera técnico, no se ha dimensionado el escenario de más gasto para el fisco, más desembolso de dinero de las personas y, lo peor de todo, más muertes prematuras por falta de atención oportuna, tal como mostró este estudio. No es perdonar a las isapres como algunos dicen, se trata de salvar vidas y que haya atención de salud oportuna”.

Por su parte, Emilio Santelices, miembro del Comité Ejecutivo de CIPS-UDD afirma que “los resultados que vimos hoy muestran la necesidad de avanzar de manera urgente en soluciones más integrales. Estamos en un punto de inflexión, donde podemos llevar el sistema a una caída dramática, con los impactos que ya sabemos se producirían, o aprovechamos esto como una enorme oportunidad para avanzar en una reforma que se puede hacer aquí y ahora, y para la cual hay gran consenso”.

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