Las crisis son siempre una oportunidad para generar cambios. Esto lo sabe muy bien nuestra democracia. Todos los presidentes desde su retorno han tenido que sortear momentos difíciles. Este gobierno no es la excepción. Los aportes millonarios a fundaciones vinculadas, en su gran mayoría, al partido fundado por el ministro Jackson, se han transformado en un verdadero tsunami para el Presidente Boric. Lo que parecía un hecho puntual entre el Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, se ha ido transformando en un mecanismo establecido a lo largo de todo el país. No sería raro, entonces, que el Ministerio Público termine actuando de oficio en todas las regiones.
Tal como lo hicieron los expresidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera, la primera medida que adoptó el Presidente Boric para enfrentar esta crisis fue la creación de una nueva comisión. Receta que parece poco original, pero, al menos, sirve para intentar sortear los primeros días desde que salió a la luz este escándalo. Para esto conformó un grupo de expertos de diversas sensibilidades liderados por la abogada María Jaraquemada. Se les ha encomendado, en un plazo de 45 días, la generación de una propuesta para cuidar el uso de los recursos fiscales traspasados a entidades sin fines de lucro.
¿Es una oportunidad? Sin duda puede convertirse en una. Pareciera que podría ser el comienzo de una nueva mirada para enfrentar los temas de corrupción que afectan al mundo público. Sin embargo, tal como dijo el senador Coloma en la cuenta pública del Senado, los hechos que han generado esta crisis no se producen por vacíos legales, sino que por actos reñidos con la ética y la ley. En consecuencia, abordar este trabajo no resulta del todo simple: será clave que el trabajo no termine en ideas obvias y que, sobre todo, no se transforme en un mecanismo para desviar la atención.
¿Dónde deberían concentrarse los esfuerzos? En dos áreas, principalmente. En primer lugar, deberían hacerse cargo y generar una propuesta para limitar la facultad discrecional con que muchos de estos aportes se entregan. Acá deberían existir controles que permitan que, mediante criterios objetivos, puedan destinarse estos recursos. No parece razonable que la simpatía ideológica o política sea el motivo para decidir a quién favorecer. En segundo lugar, dotar a los entes fiscalizadores de los recursos adecuados para poder desarrollar esta función acorde a los nuevos desafíos y demandas. Parece algo básico, pero aquello no ocurre. La modernización del Estado es una deuda pendiente desde hace varios años, y ahora podría ser la oportunidad para comenzar a hablar en serio de este tema.
Sin embargo, en ninguno de estos puntos se podrá progresar si, en paralelo, no atienden con especial cuidado a las alertas que la sociedad civil ha comenzado a levantar. El trabajo de este grupo no puede significar, en ningún caso, el espacio para cuestionar el rol que las organizaciones intermedias cumplen dentro de nuestra sociedad. Ya hemos sido testigos de algunas voces que han visto en esta crisis la oportunidad para criticar el Estado subsidiario. No debemos olvidar el rol positivo que, históricamente, han cumplido centenares de fundaciones para apoyar en políticas públicas que el Estado no se hace cargo o no puede cubrir masivamente, donde los únicos beneficiarios son los ciudadanos.
Esperemos que no se cumpla el viejo dicho “que paguen justos por pecadores”.
Por Rodrigo Arellano, vicedecano Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo
