Expertos en seguridad, académicos y parlamentarios explican cómo la narcocultura y la violencia han incidido en la percepción y formas de vivir de la ciudadanía.

En marzo ocurrió en Valparaíso, hace poco más de dos semanas en Copiapó y el día de ayer en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Los llamados “narcofunerales” se han vuelto cada vez más comunes en el país, lo que ha llevado a diferentes instituciones educacionales a suspender sus clases ante los peligros que conllevan estas celebraciones. Marcados por un aumento en la inseguridad pública, homicidios perpetrados por parte de desconocidos y encuestas de percepción negativas, el narcotráfico y las bandas de crimen organizado han generado cambios en la manera en que viven los chilenos.

La última versión de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), presentada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), arrojó que la percepción de aumento de la delincuencia en el país alcanzó el 86,9% de los encuestados, superando en 2,6 puntos porcentuales la medición anterior (84,3%).

Además, según la última encuesta Agenda Criteria, correspondiente a marzo de 2023, un 90% de los chilenos considera que el grado de violencia que vive el país es alto o extremo. Y por tercera vez consecutiva, el sondeo demostró que la principal preocupación ciudadana corresponde a combatir la delincuencia y el narcotráfico, con un aumento de 4 puntos en comparación con el estudio de febrero (45% a 49%).

Este lunes comenzó a operar en la comuna de Santiago el “Plan Calles sin Violencia”, el cual contempla aspectos como la persecución penal efectiva, mayor presencia policial, aumento en la fiscalización, intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos. Esta medida se concentrará en 22 comunas de la Región Metropolitana y otras 24 a lo largo del país, elegidas bajo distintos criterios y cifras del Observatorio de Homicidios, en el cual participan las policías, Servicio Médico Legal y el Ministerio Público, entre otros.

Este plan de acción fue diseñado sobre la base de los factores que habitualmente concurren en los territorios donde se producen más delitos violentos, como presencia de pandillas, crimen organizado, tráfico de drogas y armas, impunidad penal, o deterioro barrial.

Los cambios en la vida de los chilenos y el impacto de la narcocultura

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO), señala que tanto el aumento del temor ante la inseguridad pública como la cantidad de delitos tienden a moverse a la par, generando cambios en las conductas y limitando a las personas.

“Cuando una persona cambia su estilo de vida, es porque esto afecta en lo más profundo de su calidad de vida. Por ejemplo, la gente deja de salir en la noche, de andar en auto, de salir a trabajar. Ante todas esas cosas, uno tiende a irse replegando dentro de las casas porque se siente que puede ser víctima de algo cuando es de noche”, señala la académica.

Entre otros patrones que se repiten ante este problema, la experta señala que el temor y la percepción negativa de la seguridad conllevan a invertir mucho dinero en elementos de protección, como en las rejas de las casas, en perros, en candados, en alarmas comunitarias, en celulares, autos, entre otros.

“Hoy día el delito es mucho más violento. La persona se ve en contacto directamente con el delincuente, muchas veces utilizando armas de fuego, y hoy el delincuente está dispuesto a herir e incluso matar a la persona. Y eso ha afectado mucho porque, además, esto está muy reproducible hoy día con todo lo que hay de redes sociales y medios de comunicación”, asegura la también ex coordinadora del Área de Prevención y de Proyectos Internacionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El diputado Republicano, Stephan Schubert, indica que la narcocultura ha cambiado la vida de muchos lugares y poblaciones del país, argumentando que existen zonas donde no se puede salir en las tardes, e incluso que la protección está siendo brindada por las bandas de crimen organizado, más allá del mismo Estado. “Es muy lamentable esta triste realidad, donde el Estado se ha replegado y ha dejado el espacio para que incluso estas bandas provean de seguridad y, a veces, otras cosas más que el Estado no es capaz de entregar a la ciudadanía, y eso es extremadamente grave”, expresa.

José de la Cruz Garrido, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno UDD, explica que las bandas organizadas están marcadas por el control territorial y el “narcodominio infantil”, y señala que esto lleva a una serie de enfrentamientos armados (“balaceras”), exponiendo a familias, colegios y jardines infantiles a las denominadas “balas locas”, quienes, en su mayoría según el experto, tienen poco alcance para hacer blindaje de sus casas. Además, el académico sostiene que este problema converge con la cultura de “barras bravas”, cuyo control también es territorial y conlleva escenarios de violencia.

“Nuestro país se encuentra cada vez más sucumbido a la narcocultura, nos hemos acostumbrado a que sean los narcotraficantes y la violencia la que está imperando en nuestros barrios, lo que está afectando profundamente a las familias y al desarrollo del país, quienes deben restringir su libertad y sus posibilidades de emprendimiento, mientras que los narcotraficantes avanzan día a día, apoderándose incluso de los espacios públicos”, manifiesta el diputado Evópoli, Jorge Guzmán.

El rol del Estado

Pía Greene afirma que no se puede culpar únicamente al Gobierno o al Estado de la situación actual, argumentando que las causas del aumento en la delincuencia y narcotráfico son multifactoriales. Sin embargo, la investigadora recalca que la responsabilidad de la gestión, atribuciones, despliegues de fuerzas y medidas de acción recae directamente en el Ejecutivo, y destaca la importancia de la cooperación entre los tres poderes del Estado para el correcto resguardo de la seguridad pública.

“Esto es responsabilidad del Gobierno central. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública es quien tiene que ver este tema, entonces, si no estamos avanzando bien, ciertamente hay una responsabilidad del Estado. Estamos cruzando una línea en la que todos juntos hablamos de crisis de seguridad y de crimen organizado”.

Greene destaca que el Gobierno haya implementado el “Plan Calles sin Violencia”, pero señala que aún faltan muchos focos de acción y medidas a implementar en el país, incluyendo la prevención psicosocial, una mejor coordinación interinstitucional y una política carcelaria adecuada para la rehabilitación y reinserción de reos en la sociedad.

“El rol del Estado ha sido sino escaso, nulo. No sólo el Ejecutivo, sino también municipios (que usualmente se escudan en temas presupuestarios) y Carabineros. Por dar ejemplos concretos, desde el 2016 presentamos en diversos formatos de investigación pública (Impacta, Corfo, ANID, SPD) sistemas de captura y mapeo sonoro de balaceras para medir la incidencia en la población escolar de barrios segregados, y no existió interés. Incluso, en una ocasión, la máxima autoridad regional nos dijo que esto no era un tema de interés público: corría el año 2018. Vino el estallido y ahora estamos en esta situación”, añade José de la Cruz Garrido.

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