“Ya basta, si queremos un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas (…) para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad”, dijo el general director de la institución el lunes pasado, mientras se conocía que nuevamente un carabinero se debatía entre la vida y la muerte tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad para evitar un control policial. El hecho motivó que la ministra del Interior citara a La Moneda al jefe de la policía uniformada para hacerle ver lo inconveniente de sus declaraciones, que sobrepasan sus facultades al emplazar al Parlamento a acelerar la tramitación de leyes que apoyen la labor de Carabineros. Encuentro que se dio solo minutos antes de que el cabo primero atropellado en Concepción falleciera, elevando a 12 los carabineros muertos en acto de servicio en los últimos tres años.  

Más allá de la polémica sobre si el general director sobrepasó sus atribuciones al intervenir en el debate público y si actuó correctamente la titular de Interior al convocarlo al palacio de gobierno para reprenderlo por sus declaraciones, el episodio va mucho más allá y responde a la profunda crisis de seguridad que enfrenta el país y las condiciones de la policía uniformada para hacerle frente. Según la encuesta Panel Ciudadano UDD publicada el domingo pasado por este diario, casi uno de cada dos consultados (48%) estima que la delincuencia y el narcotráfico son los problemas más graves que enfrenta el país. En todos los grupos etarios, además, sobre el 72% percibe que los delitos aumentaron en su comuna en los últimos 12 meses -la única excepción son los que tienen entre 18 y 30 años, donde la tasa llega a 68%-. Y, por último, un 67% cree que los actos delictuales seguirán creciendo.  

Lo anterior ha ido de la mano de un debilitamiento de la autoridad policial a causa de los cuestionamientos hechos por algunos sectores políticos al actuar de Carabineros en los últimos años, los que se agravaron tras los sucesos del 18 de octubre de 2019. En esa ocasión, más allá de los eventuales excesos cometidos por miembros de la institución y que han sido debidamente investigados, figuras de la entonces oposición no solo criticaron el actuar policial, sino que en muchos casos validaron con su silencio la violencia y los ataques contra funcionarios uniformados. La celebración por parte de ciertos grupos del llamado “perro matapacos” es un ejemplo de ello. Como apuntó el general director, las agresiones y los hechos de violencia contra carabineros se han venido “normalizando” y “los insultos” son cosas “de todos los días”. 

La ministra del Interior aseguró, tras la cita con el general Yáñez, que hoy ya no existe un clima que “amarre las manos” a Carabineros, como reclamaba el general director, más allá de que reconoció que “hubo una época de mucha discordia sobre la actuación” de la policía uniformada. Es cierto que el ambiente ha cambiado y que la institución goza hoy de una alta valoración en la ciudadanía -la confianza en Carabineros llegó a fines del año pasado a 78%, según la encuesta Cadem, la cifra más alta desde que se hace el sondeo; como también lo es que el gobierno ha insistido en varias ocasiones en manifestarle su apoyo: “acá no caben dobles lecturas, nuestra opinión como gobierno es respaldar a Carabineros”, ha dicho el Presidente. Pero ello ha ido de la mano de gestos contradictorios que ponen en cuestión el giro discursivo del gobierno, como fue la propia citación al general Yáñez mientras agonizaba un carabinero. 

Como quedó en evidencia con las duras declaraciones de la viuda del cabo primero asesinado en Concepción -“los mismos políticos que hoy nos gobiernan son los que años atrás avalaban la violencia”- existe evidente desconfianza en una parte de la ciudadanía sobre el accionar de las actuales autoridades frente a la delincuencia. Esa situación, más allá del juicio que se haga sobre ella, obliga a las mismas autoridades a hacerse cargo. En ese sentido es positivo el cambio en el discurso sobre temas de seguridad mostrado por el Mandatario desde su arribo a La Moneda, como también el giro mostrado en relación, por ejemplo, al estado de emergencia en la Macrozona Sur, porque muestran un valioso realismo político al momento de abordar el tema. 

Sin embargo, lo anterior debe ir de la mano de acciones concretas que refuercen su compromiso retórico con la lucha contra la delincuencia, cosa que sigue pendiente -los indultos son muestra de ello. La consistencia entre el discurso y las acciones es clave para revertir la desconfianza ciudadana. Para ello, el gobierno debe ser capaz de alinear a sus dos coaliciones tras un objetivo común. Las divergencias internas explican en parte las dificultades para avanzar que ha enfrentado la agenda de seguridad en el Congreso y el aún pendiente Estatuto de Protección de las Policías, que eleva las penas a quienes agreden a un uniformado. Acelerar su tramitación es un paso necesario y urgente en el actual escenario. 

Carabineros ha gozado históricamente de una alta valoración en la ciudadanía, debilitada solo por los casos de corrupción que involucraron a altos oficiales y lo sucedido el 18/O, y las últimas cifras muestran una sostenida recuperación de esa confianza. Un activo que contrasta con lo que sucede en otros países de la región y que debe protegerse. En América Latina existen claros ejemplos de lo que sucede si las instituciones de orden y seguridad se degradan y pierden la capacidad de cumplir con su labor. Ello viene acompañado de un aumento de la delincuencia y puede llevar al surgimiento de líderes populistas que aprovechan la frustración ciudadana por la inacción del Estado para llegar al poder o derechamente hacia un Estado fallido. 

Por ello, es importante avanzar en el reforzamiento de la institución, aprobando un marco legal que le entregue las herramientas adecuadas y mejore, de ser necesario, el proceso de formación profesional de los futuros carabineros. Pero eso de poco servirá si no va acompañado de una coherencia de parte de la autoridad entre el discurso y los hechos, que demuestre un compromiso efectivo con la labor de Carabineros. Solo así será posible superar la desconfianza ciudadana y validar la acción policial. 

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