Casi dos tercios de los más de 600 mil hombres y mujeres que cada año son liberados de prisión en Estados Unidos volverán a ella dentro de tres años, muestran estudios recientes.

Pero esa probabilidad va de terminada, en parte, por las oportunidades laborales que tengan al recuperar la libertad.Un estudio publicado el mes pasado muestra que políticas públicas como el salario mínimo o los beneficios tributarios impactan en las posibilidades de reincidencia.

Los investigadores Amanda Agan, de la Universidad de Rutgers, y Michael Makowsky, de la Universidad Clemson, mostraron que cada dólar adicional al salario mínimo reduce en 0,97 puntos porcentuales las probabilidades de volver a prisión en el primer año.Los académicos reconocieron que otro impacto del salario mínimo puede ser una mayor probabilidad de desempleo, particularmente para exconvictos. «Pero, en promedio, ese posible efecto es compensado», dijo Agan a DF. «Un mayor salario mínimo atrae a los exconvictos al mercado laboral legal y los protege de la reincidencia», explicó.

El análisis

Los investigadores revisaron microdatos de cerca de 6 millones de registros carcelarios individuales en 43 estados, entre 2000 y 2014.Además de analizar el salario mínimo, intentaron dilucidar el efecto de los llamados créditos tributarios por renta del trabajo (EITC, su sigla en inglés), lo que fue más difícil, dado que su monto depende del número de hijos y, usualmente, se entregan a personas bajo ciertos requisitos.No obstante, sí pudieron estudiar la diferencia que había entre quienes sólo recibían la ayuda federal y quienes, además, tenían ese beneficio adicional por los gobiernos locales (condado o estado).Su conclusión fue que la disponibilidad de beneficios locales adicionales a los federales reduce las probabilidades de reincidencia de las mujeres dentro de tres años.

En el caso de los hombres, no hubo efecto. «Esta investigación es un ejemplo de otro potencial efecto positivo de expandir los EITC en EEUU a personas sin hijos, porque podría reducir la reincidencia delictual», manifiesta Agan. Pero el resultado «debe ser leído con cautela», alerta el profesor Jorge Fábrega, de la Universidad del Desarrollo, donde dirige el diplomado en Ciencias de la Complejidad Social.

La mirada del estudio, dice, «podría estar impidiendo observar el real efecto positivo que una política de ese tipo podría tener en subconjuntos de la población».

Ello, en atención a que «el beneficiario de EITCs tiene que haber hecho declaraciones de renta (…) Para personas con antecedentes delictuales, con altas tasas de desempleo e ingreso informal, eso no debería ser algo habitual».

Desde Chile

Dadas las características de la investigación, Agan no se arriesga a decir que sus conclusiones sean extrapolables a otros países.»Es difícil determinar si el impacto neto de un mayor salario mínimo sería el mismo en otros países», señala la investigadora.

«Creo que dependería del nivel del sueldo mínimo y las oportunidades de actividad legal o ilegal para personas con historial delictivo. Es una pregunta empírica interesante», sentencia.Por su parte, el profesor Fábrega considera que «es plausible que aumentos del salario mínimo y la creación de programas como EITC se correlacionen positivamente con menores tasas de reincidencia», pero agrega que «no es aconsejable impulsar ese tipo de políticas con ese fin (…) Son políticas insuficientemente focalizadas en la población potencialmente reincidente y, por ende, aunque funcionen, siempre habrá medidas más costo-efectivas a las que acudir antes». Además, quedan temas por investigar.

El académico sostiene que «las causas que llevan a las personas a cometer delitos son diversas y, por ende, reducirlas a un cálculo racional de costos y beneficios puede ser en ocasiones más que simple, simplista», pero «no es menos cierto que no se debe ignorar el rol que cumplen los incentivos racionales en el comportamiento delincuencial».Por ello, concluye, «puede ser más informativo estudiar los condenados a penas sustitutivas a la cárcel (…) Cuando se estudia ese grupo con más detalle se observa que hay un espacio para una lectura económica de su conducta y, por ende, a políticas de incentivos.