Hay un dicho que se aplica perfectamente para la situación en Venezuela: cuando nadie cree que las cosas puedan estar peor, se ponen aún peor. Así se podría definir el complejo escenario por el que atraviesa el país caribeño, afectado por una crisis humanitaria y económica nunca antes vista. De acuerdo a la Encuesta Sobre Condiciones de Vida de 2017 (Encovi), donde participaron las principales universidades de ese país, el 90% de los venezolanos vive en la pobreza.
Y el FMI estima una hiperinflación del 2.600 por ciento. Con este panorama, sólo en los últimos años, hay 1.2 millón de personas que han dejado el país para refugiarse en Colombia, Ecuador y Chile. De acuerdo a la PDI, a nuestro país ingresaron 164.866 venezolanos sólo en 2017, quienes lideran las solicitudes de residencia, desplazando a los migrantes peruanos. Así, hoy los ojos de la comunidad internacional están puestos en esta nación. Especialmente luego de que Nicolás Maduro decidiera adelantar las elecciones parlamentarias del 2020 para el próximo 22 de abril —uniéndola a las presidenciales— para finalmente posponerlas hasta mediados de mayo debido a la fuerte presión internacional.
Aunque al cierre de esta edición no estaba claro si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza opositora, finalmente llevaría candidatos, declarándose en rebeldía ante una elección que calificaron de ilegítima. A la fecha, sólo se han inscrito figuras menores. Como sea, en los anuncios de Maduro se anticipa una probable megaelección. Uno de los objetivos sería eliminar de una vez a la Asamblea Nacional, hasta ahora el único poder concreto con el que cuentan sus opositores tras arrasar en los comicios de 2015 y donde obtuvieron la mayoría de los escaños. Sin embargo, el organismo fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2017 y hoy sus actos son considerados nulos.
Como el período de la Asamblea termina el 2020, el objetivo de Maduro era adelantar las elecciones y sumarlas con las presidenciales. De esta forma el país estaría cinco años sin comicios, tiempo en el que podría concentrarse en “construir la economía”. Pero a pesar de que Maduro aplazó algunas semanas las polémicas elecciones, para el senador republicano Marco Rubio —y claro opositor del régimen—, las verdaderas intenciones del gobernante son claras: usar una votación fraudulenta para restaurar su legitimidad internacional. “Estas ‘elecciones’ no serán libres ni justas y están completamente manipuladas”, escribió en una columna en el diario El Nuevo Herald.
Y agregó: “Maduro prácticamente ha impedido que cualquier opositor político creíble —incluidos sus rivales más fuertes, Leopoldo López, María Corina Machado, Henrique Capriles y Antonio Ledezma— se le enfrente en las urnas”. Según él, el régimen además vigilará la forma en que votan los funcionarios de gobierno y a los que reciben alimentos subsidiados, con la clara amenaza de que pueden perder sus trabajos o su comida si no votan por él. Y añadió que Maduro “tampoco permitirá que supervisores internacionales, creíbles y transparentes, observen la votación, lo cual le permite alterar resultados desfavorables, como hicieron en las elecciones ilegítimas de la Asamblea Constituyente en julio del 2017 y en las regionales de octubre de 2017”. En resumen, Rubio afirma que “sus elecciones fraudulentas no serán libres, justas ni transparentes por una sencilla razón: si lo fueran, Maduro perdería”.

¿CUBA EN LATINOAMERICA?
Según los analistas entrevistados por CARAS, el plan de Maduro no es otro que hacer de Venezuela la Cuba de Latinoamérica. “El mandatario va por un camino hacia consolidar aún más su situación de poder y dar término al régimen democrático. Su intención de posponer las elecciones no es más que una estrategia para ganar tiempo mediante una falsa voluntad de rescatar la democracia. Eso es claro”, observa el analista político y consultor Guillermo Holzmann. Para Guido Larson, experto de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, en Venezuela ya se estarían cumpliendo varias de las condiciones que podrían llevarla hacia el fin de un régimen democrático: “De partida, un proceso de captura progresiva del poder, con la sistematización y centralización de los brazos del Estado, algo que ya está en vías de consolidarse tras el llamado a elecciones anticipadas. A ello se suma una oposición fragmentada, oscilante, que no logra capturar capital político para hacerle frente y sin la capacidad para vencer la cada vez más poderosa máquina electoral de Maduro”.
A esto Larson suma el rol de las FF.AA. y que, pese a algunas excepciones, apoyan totalmente al régimen, al igual que parte sustantiva de la población civil. “No podría existir gobierno en el mundo, incluso dictaduras, si es que no cuentan con apoyo de la población y Maduro tiene entre un 30 y 40% de respaldo ciudadano”, asegura. Mientras, buena parte de la comunidad internacional (menos Cuba, Rusia y China) condena al régimen, pero sin sumarse decididamente a la adopción de medidas concretas. Eso, a diferencia de Estados Unidos, donde Donald Trump se encuentra en una campaña internacional para derribar a Maduro. La amenaza es golpear a Venezuela donde más le duele: el petróleo. Esto mediante un embargo total que prohibiría la venta de crudo en EE.UU. o el bloqueo de la venta al país caribeño de productos estadounidenses relacionados con esta industria.
“Los países sólo tienen la presión política y se han jugado con ello creyendo que así podrían llevar a Maduro a un resultado transparente, cosa que no ha sucedido”, agrega Holzmann. “La historia nos recuerda que los déspotas rara vez ceden el poder dictatorial voluntariamente. La vía más estable y pacífica para Venezuela consiste en que un frente unido de militares más algunos desafectos dentro del propio gobierno, con apoyo popular, saquen del poder a Maduro y a su círculo”, escribió el senador Rubio en su columna de El Nuevo Herald. Tal vez sea una negra coincidencia, pero en abril también deja el poder Raúl Castro en Cuba, y el sucesor será designado, sin votación. La democracia pierde terreno.