Nuevos signos de división quedaron ayer en evidencia al interior del gobierno por el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga por parte del Comité de Ministros.El Ministerio de Hacienda entró al debate y deslizó su apoyo a la iniciativa que contempla una inversión de US$ 2.500 millones en la comuna de La Higuera, IV Región.En alusión al proyecto, el subsecretario de la cartera, Alejandro Micco, hizo un mea culpa y reconoció que el fallo puede haber sido acelerado.

“Creo que no nos hemos tomado el tiempo necesario y lamento que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada”, dijo la autoridad en el marco del Encuentro Regional de Empresas (Erede 2017).“Lamento que no nos hayamos tomado los tiempos necesarios para hacer este análisis equilibrado”, reforzó.Micco admitió que “claramente hemos tenido dificultades en poner en la balanza” y equilibrar lo que es “la inversión y el crecimiento sostenible”.“El crecimiento del país es fundamental para satisfacer las necesidades de la población.

Sin duda alguna la inversión es fundamental para la nueva realidad en la cual está enfrentado Chile”, afirmó el subsecretario de Estado tras ser consultado por la prensa.Evitando la referencia a un aspecto puntual de la polémica decisión en torno al proyecto, indicó que estaba hablando de la situación general y añadió que “hoy tenemos que pensar en forma equilibrada los temas de la importancia de la inversión con la importancia de cuidar el medio ambiente.

Tenemos que darnos el tiempo de hacer ese balance”.En el marco del panel “Perspectivas y señales económicas”, planteó que Chile tiene que ser capaz de entrar en una nueva era de comercio mundial donde lo fundamental será el comercio en servicios.

“En este punto, en los últimos años, hemos hecho un comité público-privado de exportación de servicios donde participa gente de la Sofofa, de Ministerios, donde hemos puesto como centro el que Chile uno de los pilares de crecimiento tiene que ser que Chile sea capaz de entrar a las cadenas de valor de la exportación de servicios a nivel mundial”, relató.El lunes el Comité de Ministros rechazó Dominga con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, mientras que Energía y Minería le dieron el visto bueno.

Economía no votó, ya que su titular Luis Felipe Céspedes se retiró antes aduciendo que no tuvo tiempo suficiente para analizar en detalle los nuevos antecedentes.Sin embargo, los informes de los servicios dependientes de Economía (Sernapesca, Sernatur) se habían manifestado a favor del proyecto.El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, planteó ayer que el país enfrenta un desafío urgente en relación a cómo se están haciendo políticas públicas y cómo se evalúa su impacto.

Su calidad, advirtió, «ha empeorado a niveles preocupantes, su complejidad ha aumentado, sus espacios de discrecionalidad han aumentado (…), lo que crea mucha incertidumbre», afirmó.El dirigente puso como ejemplo lo que se discute -con ocasión de las indefiniciones de la reforma laboral- de que se pueda considerar que la automatización es un reemplazo en huelga.

Y si bien reconoció que hubo algunas orientaciones impulsadas por el ministro Máximo Pacheco que no compartió, valoró que hiciera «procesos participativos, abiertos, y eso no ha ocurrido en otras políticas públicas».Larraín cuestionó la existencia de «una subordinación de la política a ciertas consignas de grupos de interés» y destacó la necesidad del análisis técnico.

«Es fundamental una unidad de mejora y simplificación regulatoria a nivel interno del Ejecutivo», destacó junto con aludir a una «agencia autónoma de calidad de políticas públicas que puede ser la misma Comisión Nacional de Productividad», que se consagre por ley, que sea autónoma.La segunda tecla «a tocar» es la de modernización del Estado y la tercera se trata del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

Y en alusión a Dominga, reafirmó que «las consideraciones técnicas fueron completamente subordinadas a las políticas», lo que fue un «golpe fatal a la institucionalidad ambiental».En referencia al mundo privado, Larraín no evitó la autocrítica y señaló que lo primero es pasar de la pasividad a la proactividad del debate público.

«Somos responsables de que se haya deslegitimado por ejemplo un sistema tributario, también el sistema de pensiones, no condenamos las malas prácticas, por ejemplo la subcotización», agregando que «no pusimos en la mesa las reformas que evidentemete se requerían».La segunda tecla la vinculó a simplificar la vida a nuestros clientes y proveedores (pymes) y, la tercera, «tomarnos en serio el tener una cultura de integridad y alto estándar ético en las empresas chilenas».De entrada, el exministro de Economía de la administración Piñera, Juan Andrés Fontaine, afirmó que el derrumbe de la confianza se ha traducido en un crecimiento inferior.

Así, tras lo que calificó como un excelente desempeño en 2010-2013, -impulsado por el cobre y políticas pro mercado-, en los últimos cuatro años «nos quedamos atrás».Relató que un factor negativo ha sido la caída del cobre, lo que significó menores ingresos e inversión, pero un factor positivo -que en parte compensa lo anterior- es la baja del petróleo.»Pero creo que la principal responsabilidad está en el giro de las políticas económicas durante este período presidencial», dijo, añadiendo que el «programa de gobierno aparece como principal responsable».Según Fontaine, «esas políticas económicas partieron de un diagnóstico que no priorizó el crecimiento económico y tampoco adaptó ese diagnóstico o esas recetas al hecho que el cobre estaba cayendo y que la situación se ponía muy desfavorable», explicó.

Así, dijo, el gobierno priorizó redistribuir sobre crecer.Desmenuzando las reformas «estrellas» del gobierno, dijo que la tributaria llevó los impuestos de las empresas a niveles demasiado altos.

En el caso de la laboral, aseguró que la ley promueve huelgas más largas y costosas.Una de sus preocupaciones apuntó al mayor gasto y endeudamiento fiscal, sosteniendo que «la estrecha situación fiscal nos ha hecho obtener una reclasificación adversa y ello limita margen de maniobra del futuro gobierno».Eso sí, dejó claro que la economía está bien preparada para resurgir, pero hay obstáculos para la reactivación, como las malas expectativas y la estrechez fiscal.Tras su barrido por la economía local, dijo que el gran desafío es recuperar el crecimiento potencial donde el requisito número uno es reactivar la inversión.

«Para 2018 incremento puede ser de 6%», dijo, donde será clave los impuestos y los permisos ambientales.Y añadió que el Sistema de Evaluación Ambiental debe tener un carácter autónomo.Como segundo requisito, agregó, está reimpulsar la productividad.Otra prioridad según Fontaine es más y mejores empleos.

«Hay espacio para fomentar empleo femenino. Clave es flexibilizar jornadas», puntualizó.Propio de un año electoral, el último panel del encuentro empresarial Erede 2017, en la Región del Biobío, ofreció la visión de distintos analistas del escenario político.Uno de ellos fue el académico de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller, quien llamó la atención de los presentes con la advertencia de que la importancia de esta elección presidencial es que diseñará el mapa político nacional para un ciclo superior a cuatro años.

Planteó que por distintas variables lo que se juega es que se «va a definir un escenario con un horizonte de entre ocho y 12 años, en términos de las fuerzas políticas, de los liderazgos y de oficialismo y oposición».Por lo mismo, añadió que «vamos camino a tener un nivel de participación más alto, porque hay conciencia en los distintos sectores políticos, pero también en la sociedad de que en esta elección se va a jugar un mapa de largo plazo; un proyecto de un Chile no sólo para este gobierno (que viene)».Müller, además, comparó el proceso que atraviesa la Nueva Mayoría con lo que le ocurrió a la derecha en 2013: «Un proceso de fragmentación e introspección muy duro.

Demoró casi dos años, la centroderecha, en dejar de mirarse el ombligo y empezar a mirar hacia afuera, producto de la derrota del 2013 que fue muy dura y fragmentada».Esta tesis la avaló, explicando que seis de los ocho aspirantes a La Moneda se identifican con posiciones de centroizquierda y pese a ello no lograron aglutinarse.También participaron en el panel la socióloga Marta Lagos; la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, Gloria de La Fuente y el periodista John Müller.La primera dio prácticamente por sentado el triunfo de Piñera, asegurando que es «bastante irreversible» debido a que la presidenta Bachelet no cumplió lo que prometió que «no eran reformas, era desmantelar la discriminación y a desigualdad y eso no sucedió».Al participar en otra instancia del foro, el sociólogo Eugenio Tironi advirtió que la función empresarial no puede ni debe tratar de reemplazar al Estado.»Hay que tener cuidado con esta tentación de que la empresa, a través de su política de sostenibilidad, acercamiento a la sociedad o responsabilidad social termine sustituyendo al Estado», dijo.A juicio de Tironi, «este discurso tradicional de la empresa de que ‘nosotros somos los que protegemos a los pobres, porque creamos crecimiento y, para eso, déjennos trabajar tranquilos’, es un discurso completamente vacío», que no se conjuga con las aspiraciones de la población chilena actual.