La educación municipal atraviesa hoy por un momento de gran complejidad. De ello dan cuenta las crecientes manifestaciones sociales de los últimos años, que exigen cambios significativos en la administración del sistema escolar. En el marco de esta discusión, quisiera aportar con un breve balance sobre la situación de la educación municipal de los últimos años.

En un primer acercamiento, las cifras indican que entre 2004 y 2014 la matrícula municipal ha descendido de un 52,3% a un 44,1%. Con respecto a la asistencia, se observa que en el mismo periodo el porcentaje de ausentismo ha aumentado desde un 25,6% hasta un 39,7%, lo que ha tenido un enorme y negativo impacto en el financiamiento de la educación municipal. Ello se expresa en el creciente aporte que (ante la baja en el ingreso vía subvención) han debido hacer los municipios. En este escenario, y de acuerdo a cifras de la AMUCH, el aporte que han debido hacer los municipios ha crecido de 137 millones de dólares el año 2004 a 323 millones de dólares el año 2014. A esta cifra debe sumarse la deuda de arrastre de las municipalidades, que según estimaciones también de la AMUCH, asciende a otros 380 millones de dólares. Frente a lo anterior, pareciera que en relación a los resultados de aprendizaje las cifras son un poco más alentadoras.

De acuerdo a la Agencia de Calidad, para el periodo 2008-2014, 1.050 establecimientos han logrado desarrollar trayectorias sostenidas de mejoramiento escolar, de los que un 54% corresponden a establecimientos municipales. Sin embargo, esto último no es suficiente para hacer un balance positivo de la educación municipal chilena. La gran merma en la matrícula, la baja progresiva en la asistencia y la gran deuda existente, complejizan el futuro de este tipo de educación.

Este es el contexto en el que el actual gobierno pretende presentar un proyecto de ley de desmunicipalización.  De acuerdo a informaciones preliminares, el proyecto de ley presentado consignaría la creación de 67 Servicios Locales de Educación, organismos autónomos, que agruparía unos 80 colegios y cuya matrícula promedio sería de 19.000 estudiantes. Cada uno de estos Servicios Locales tendrá la responsabilidad de la administración técnico pedagógica y financiera de sus establecimientos y será acompañado en la gestión por un Consejo Local, que estará compuesto por alcaldes, docentes, apoderados, estudiantes y representantes de la educación superior de la zona.

Ahora bien, en términos económicos, el gobierno ha estimado el costo de esta iniciativa en unos 400 millones de dólares, señalando además que se hará cargo de las deudas municipales. Ante este complejo escenario, surgen tres preguntas. En primer lugar, habría que pensar si el financiamiento ofrecido por el gobierno es suficiente. Esto por cuanto si a los 700 millones de dólares adeudados por los municipios, le sumamos el costo estimado que significaría indemnizar a los profesores que con esta transformación cambiarían de empleador, el costo subiría significativamente. En segundo lugar, habría que preguntarse también si en 6 años es posible implementar un cambio tan grande como éste. Y tercero y sin duda lo más importante, habría que estimar cuál sería el impacto real que todo este proceso tendría en los aprendizajes de los miles de estudiantes que forman parte de los poco más de 5.000 establecimientos municipales existentes en la actualidad. Se puede concluir en definitiva, que el escenario actual por el que atraviesa el sistema educativo, debiera conducir a la definición de una política de estado en materia educacional, que estableciera una ruta clara para el definitivo fortalecimiento de la educación pública que el país espera.