El Colegio de Profesores mantiene un paro indefinido como medida de presión para retirar el proyecto de Nueva Política Nacional Docente. Más allá de si su disconformidad responde aintereses meramente gremiales o si estos tienen algún mérito técnico, es relevante analizar sus efectos en la educación pública. La nueva ministra de Educación anunció que producto del paro 1.590 alumnos fueron retirados de escuelas municipales. Situación similar ocurrió en 2011 frente a las movilizaciones estudiantiles. Esto contribuye a que los resultados del aprendizaje no sean los esperados y que aumente la brecha socioeconómica en las pruebas estandarizadas (Simce, PSU). Por otra parte, existen externalidades negativas que deben asumir las familias, por ejemplo costos laborales para los padres que deben quedarse en casa al cuidado de los hijos.

Junto con ello, otros niños quedan sin supervisión de un adulto, aumentando factores de riesgo social. Adicionalmente, cerca de 8.500 estudiantes no acceden a los almuerzos que entrega Junaeb generando mayores costos a las familias y pérdida de recursos estatales.

Frente a esta situación, los padres y apoderados prefieren centros educativos donde haya mayor estabilidad en el período lectivo, incluso están dispuestos a realizar aportes económicos con la finalidad de garantizar una gestión escolar basada en los aprendizajes. Asimismo, escogen escuelas donde sus hijos reciban una atención integral todo el año sin dejarlos excluidos de ciertos beneficios estatales o más expuestos a flagelos sociales.

Tal vez los padres no están en contra de las demandas docentes, solo están cansados que gran parte de los costos sean asumidos por sus hijos.

Esta es la verdadera movilización, aquella que sin huelgas excesivas, simplemente decide libre y racionalmente aquella institución que garantiza los aprendizajes y la protección de los educandos: ¡la movilización de los padres!

Columna publicada en Diario El Pulso 07/07/2015