Las últimas semanas hemos sido testigos de dos ejemplos de consecuencias no anticipadas (no deseadas). Uno en el ámbito político y el otro en el de las políticas públicas. El primero tiene que ver con el anuncio del cambio de gabinete en un programa de televisión.
Las últimas semanas hemos sido testigos de dos ejemplos de consecuencias no anticipadas (no deseadas). Uno en el ámbito político y el otro en el de las políticas públicas.
El primero tiene que ver con el anuncio del cambio de gabinete en un programa de televisión. Si bien no sabemos realmente las razones, quiénes la aconsejaron ni tampoco cuán meditada fue la decisión, se puede conjeturar que se buscaba mostrar cierta capacidad de conducción para de ese modo detener la fuerte caída en la popularidad y recuperar la confianza. Los hechos, desafortunadamente, generaron otro fenómeno, a saber, el aumento de las expectativas y especulaciones sobre quienes serán los nuevos ministros. A lo que se suma el hecho que al no concretarse en el plazo señalado, la impresión generalizada es que se estaría improvisando.
El segundo ejemplo lo encontramos en el informe del Consejo Anticorrupción y las propuestas anunciadas por cadena nacional. En el discurso se incorporaron una serie de materias, en particular la que se refería a la “redacción y aprobación de una nueva Constitución” a través de un “proceso constituyente”. El resultado fue que esta propuesta terminó por opacar el informe. Más aún, el Ejecutivo señaló que en 15 días serían dictadas las medidas administrativas y en 45 el ingreso de los proyectos de ley. El problema es que este miércoles vence el plazo para lo primero y, en el caso de los proyectos, se corre el riesgo de que su diseño no sea el mas adecuado dado el escaso tiempo asignado.
El mayor problema cuando no se anticipan adecuadamente los efectos que pueden derivar de determinadas políticas o anuncios, es que se corre el riesgo de aumentar gastos políticos evitables e ineficientes, es decir, desviar recursos valiosos de la actividad legislativa, tanto del Gobierno como del Poder Legislativo, a actividades políticas de negociación y persuasión, como asimismo, a sobreinvertir en estrategias de especulación y rumores también políticos que aumentan la incertidumbre y el conflicto. Pero, ciertamente, por rebalse, las actividades económicas también son afectadas, y se generan ambientes de inquietud que limitan el cálculo económico, y por ende su crecimiento.
Columna publicada en La Segunda 11/05/2015