La reforma al sistema de financiamiento de campañas que firmó la Presidenta Bachelet propone una disminución en el gasto electoral y la eliminación de aportes reservados, lo que a primera vista parece un avance en transparencia. Sin embargo, el punto más discutible guarda relación con el financiamiento por parte de empresas, que en Chile son la unidad básica de tributación (ya que ni personas ni familias llevan contabilidad). El espíritu de la reforma prejuzga que el aporte privado en política es un acto sospechoso, cuando por el contrario, es reflejo del compromiso cívico que, debidamente regulado, es un motor de nuestra vida democrática.

 En efecto, la debida reserva de los aportes protege a los benefactores de represalias políticas y, en cambio, su plena divulgación acrecienta el temor, disminuyéndolos. A la larga ésta puede resultar una política pro incumben tes (el candidato que va a reelección), el cual, al ser más conocido que el desafiante, tiene una posición de ventaja en un sistema donde los incentivos están puestos a conservar el statu quo, si además no se restringe la repostulación.

22/12/2014