Se trata de una recopilación de datos, extraídos de un documento estadounidense —The Comparative Constitutions Project—, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyos resultados se entregan en medio de la discusión sobre cambiar la Constitución chilena, decisión que se tomará en el plebiscito concordado para el próximo abril.

El análisis compara las cartas fundamentales de los 34 países que integran la OCDE. La Constitución chilena, con 39 años de vigencia, es la novena más joven. El primer lugar lo ocupa la de Hungría, con solo ocho años de historia, mientras que la de Inglaterra se consagra como la más antigua, con 804 años de edad (ver infografía).

Uno de los datos que más llaman la atención tiene que ver con el número de palabras que tiene cada una de ellas. La Constitución de México encabeza el ranking, con 57.087 palabras. La de Chile tiene 25.821 y la de Islandia —la más acotada—, 4.089. Si se compara con la cantidad de derechos sociales que albergan, se puede ver que la de México contiene 81 derechos, la de Islandia 44 y la chilena —que tiene veintidós mil palabras más que la de Islandia— contiene 46 derechos sociales.

Según Guzmán, no existe un patrón. “No necesariamente esto va en una dirección u otra. Lo que importa es que las constituciones sean coherentes y consagren aquellos derechos fundamentales sin los cuales la sociedad no va a funcionar”, dice.

En cuanto al derecho a la salud, Chile es uno de los siete países de la OCDE que lo aseguran y que el Estado paga. En porcentajes, solo el 20,6% de estos Estados aseguran y pagan la salud. Entre los que no lo hacen está Finlandia, Canadá, Estados Unidos y Australia. En tanto, la Constitución de Dinamarca es la única que menciona el deber del Estado de dar trabajo.

Al hacer un cruce entre el número de palabras de la Constitución y el acatamiento de las reglas de la sociedad —también denominado “Imperio de la Ley”—, los datos muestran que la Constitución de México, que tiene el mayor número de palabras, tiene el nivel más bajo de cumplimiento de normas. En Finlandia, en cambio, la Constitución contiene 12.640 palabras y es el país con mayor índice de acatamiento de reglas. Algo parecido ocurre con la corrupción, donde México es el país con menor índice de control de esta.

Del cruce de datos entre número de derechos y PIB per cápita, el resultado es lineal. Salvo algunas excepciones, mientras más derechos sociales aseguran las constituciones, menor PIB per cápita tiene el país. Por ejemplo, Portugal y México, los dos países con más derechos en la Constitución, tienen menor PIB per cápita que países como Dinamarca, Australia e Islandia.

Sobre el voto obligatorio, solo Austria, Bélgica y Grecia lo utilizan, lo que corresponde al 8,8% de los países OCDE. Y en el 62% de ellos, la edad mínima para votar es 18 años.“Sobre todo los países más desarrollados, que culturalmente han logrado tener estabilidad democrática, no tienen voto obligatorio. El tema en Chile está en la carencia cultural de la práctica democrática”, agrega el decano.

El estudio también analizó la relación entre la cantidad de derechos sociales y la estabilidad económica y política de los países latinoamericanos. Los resultados muestran que no hay mayor relación entre las dos variables. “Las constituciones a veces se aprueban por políticas bastante extraordinarias que no garantizan desarrollo económico ni estabilidad política. La Constitución es una herramienta ordenadora, pero tienes que hacer muchas otras cosas para llegar a ser un país desarrollado”, cierra Guzmán.