Señor Director:
En el último mes se han recogido una serie de casos particulares sobre situaciones que enfrentan los adultos mayores en el país. Las denuncias por discriminación de la banca, reportes de abandono y el suicidio de un matrimonio de 80 años en Conchalí, por mencionar algunos, han abierto la ventana para que el tema entre en la agenda pública.
A su vez, el Presidente Sebastián Pi-ñera, el pasado mes de julio, anunció la creación del Consejo Ciudadano de Personas Mayores, iniciativa transversal que recoge la preocupación por la situación de una población que hoy alcanza los 2,85 millones de personas.
Sin embargo, para una sociedad como la chilena que enfrenta una transición demográfica acelerada, producto del significativo aumento de la esperanza de vida e importante caída en las tasas de natalidad y mortalidad infantil, el desafío va más allá de lo contingente. Quedarnos solo con la fotografía que surge del caso particular nos puede conducir a conclusiones incompletas y, por tanto, a entregar respuestas insuficientes mediante políticas públicas mal diseñadas.
Las cifras nos ubican como uno de los países más longevos de Latinoamérica y cercanos a los niveles de país desarrollado, con una población de personas mayores que sufre serios problemas de abandono, principalmente en zonas rurales; de salud, reflejados entre otros en problemas de salud mental; de precari-zación del trabajo con un número importante trabajando informalmente; y de educación con bajos niveles de escolaridad.
En cuanto a la situación de pobreza, la Casen 2017 indica que existen cerca de 156 mil adultos mayores cuyo ingreso no les permite satisfacer necesidades básicas, y 727 mil que se encuentran en situación de pobreza multidimensional la que incluso aumentó, marginalmente, respecto de la medición de 2015 en este segmento etario.
En consecuencia, si bien la contingencia sirve como alerta, no es suficiente desde el punto de vista de la política pública. El fenómeno requiere una mirada mucho más amplia, y el desafío es integrar la visión tanto del sector público, sociedad civil, académicos y empresarios.
Enfrentar las consecuencias del envejecimiento de nuestra población, necesita de políticas públicas coordinadas entre los distintos ministerios y gobiernos locales, y de una visión de Estado.
Felipe Vega
Investigador Centro de Estudios CIPEM/Facultad de Gobierno UDD Caja Los Héroes