Detener, o por lo menos disminuir, la evasión en el pago del pasaje en Transantiago ha sido una de las metas más importantes para los gobiernos que han asumido el mandato desde que el cuestionado sistema inició su operación en 2007.El no pago es parte fundamental en los problemas financieros que arrastra desde su fallida implementación.

Por lo mismo, diferentes medidas han intentado bajar el índice de evasión, que el primer semestre llegó a 28,5%.Y desde ayer rige una nueva normativa: la discutida ley antievasión, que fue promulgada en marzo tras estar en tramitación en el Congreso desde 2015.La base de datosLa regulación aumenta las sanciones a quienes no pagan su pasaje, las que irán desde los $47 mil hasta los $71 mil (1 a 1,5 UTM).

Además, incorpora un registro de evasores en el que quedan identificadas las personas que no pagan.La norma establece que el Registro Civil debe entregar los nombres de los infractores al Ministerio de Transportes, que los registra en un sitio web.

Esto no es inmediato, pues se genera solo si la persona no se presenta ante el juzgado y no paga la multa correspondiente.El año pasado, durante la tramitación de la norma, quedó establecido que la base de datos no sería abierta, pues solo se podría acceder a ella mediante Ley de Transparencia, con un límite de ocho ingresos al año.

Así, la ley dispone que «cualquier persona natural podrá solicitar que se le informe si una persona determinada se encuentra o no anotada en el referido registro».Malas prácticasDe acuerdo con el ex subsecretario de Transportes Carlos Melo, «esta fue una solicitud de los parlamentarios, ya que una de las preocupaciones era que si el registro quedaba abierto, se podía transformar en un elemento donde los datos quedaban muy expuestos».Así, con solo ocho consultas, «una sola persona no puede reconstruir la base de datos haciendo miles de consultas, sino que tiene un límite», plantea Melo.Sin embargo, pese a los ajustes que se hicieron en su tramitación -como multas para quienes comercialicen la información- la fórmula abre controversias debido a que algunos expertos apuntan a que pese a las protecciones, los datos podrían tener un mal uso.Franco Basso, académico de Ingeniería de la U.

Diego Portales, plantea que es una ley adecuada, pero que «aunque se supone que no será público el registro, podrían existir bases clandestinas a las que empresas podrían acceder, lo que estaría violando la ley».Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), advierte que «es un exceso hacer un registro de estas personas, ficharlas en una base que podría filtrarse.

Se necesita un diseño distinto del sistema, más allá de un registro».La nueva normativa también contempla, para quienes queden ingresados en esta base de datos, la suspensión de la licencia de conducir y de la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), además de la retención de la devolución de impuestos.Para Rodrigo Troncoso, investigador de la Facultad de Gobierno de la U. del Desarrollo, es fundamental analizar el impacto que tendrá la ley: «Es importante que estas medidas se evalúen, ya que estamos hablando de un cambio de comportamiento y de entender si estos incentivos son los correctos».63 servicios de las siete unidades de negocios del Transantiago participaron de la medición de evasión.28,5% fue el índice de evasión registrado el primer trimestre.4,8 puntos porcentuales aumentó el índice entre diciembre, cuando llegó a 23,7%, y el primer trimestre.